Laura Serrano-Conde
Roma, 1 may (.).- Los sindicatos italianos salen hoy a la calle para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores y pedir al Gobierno y a la patronal un pacto de rentas que aumente los salarios, además de una reforma laboral como la aprobada en España como medida contra la precariedad.
"Pedimos un acuerdo laboral igual que el de España para que se apruebe una reforma que luche contra la precariedad y acabe con el contrato por obra y servicio", aseguró a EFE el secretario del sindicato UIL, uno de los principales del país, Pierpaolo Bombardieri.
"En Italia tenemos un problema. Desde 2018, de 24 millones de contratos que se han realizado, 4 millones han sido indefinidos y los otros 20 millones a tiempo determinado o precarios", explicó.
Los secretarios generales de los tres principales sindicatos, Maurizio Landini (CGIL), Luigi Sbarra (CISL) y Bombardieri (UIL), han organizado una gran manifestación en Asís (centro), pero los trabajadores italianos también marcharán en otros puntos del país para pedir mejores condiciones laborales y menos precariedad.
UN PACTO DE RENTAS
Junto con esta reivindicación, los representantes de los trabajadores también solicitan un pacto de rentas -o acuerdo amplio para disminuir el impacto de la crisis- que devuelva a los hogares el poder adquisitivo perdido como consecuencia de la inflación galopante, que alcanzó en marzo el 6,5 % interanual.
La inflación continuará en niveles altos, pues el Gobierno que preside Mario Draghi espera que sea del 5,8 % interanual para el conjunto de 2022, un mazazo para los depósitos contra el que los sindicatos quieren batallar.
"Tenemos que intervenir para recuperar el poder adquisitivo de empleados y pensionistas", sustuvo Bombardieri, al tiempo que sugirió dos vías: una subida directa y una reducción de la presión fiscal.
SALARIOS Y EL IPCA
En Italia, los aumentos salariales están ligados desde 2009 al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro-, pero para el cálculo se le excluyen los bienes energéticos importados, que son más volátiles.
Los sindicatos argumentan que hay que hacer una revisión porque los precios están descontrolados, primero por la reapertura de la pandemia y el aumento de la demanda tras el ahorro acumulado durante la crisis sanitaria, y después por la guerra en Ucrania y el encarecimiento de la energía y las materias primas.
Draghi ya se ha mostrado dispuesto a favorecer un pacto entre los agentes sociales, pero la patronal y los sindicatos tienen posturas alejadas: los empresarios apuestan por vincular los salarios a la productividad y los sindicatos quieren que se ajusten a la inflación real.
Landini, el secretario general del principal sindicato del país, CGIL, ha dejado claro que no firmará un acuerdo que conlleve a una congelación de los sueldos.
APOYO DEL PARTIDO PROGRESISTA
La posición de las organizaciones sindicales cuenta con el respaldo de la principal formación progresista del país, el Partido Demócrata (PD), y su secretario general, Enrico Letta, ha pedido al Gobierno que "adopte medidas que protejan los salarios".
También el ministro de Trabajo, Andrea Orlando, asimismo del PD, ha advertido de que sin una mejora de la retribución que perciben los empleados "habrá una crisis social y una dramática caída de la demanda interna".
Orlando, además, trata de impulsar que Italia apruebe un salario mínimo, pues es uno de los pocos países europeos que carece de este instrumento, aunque ha reconocido que será difícil que haya un entendimiento entre los interlocutores sociales en esta legislatura, que acaba en la primavera del 2023.
El presidente de la patronal, Confindustria, Carlo Bonomi, ha argumentado que "las empresas no tienen margen para subir los salarios" y ha emplazado al Ejecutivo a bajar la presión fiscal de empleados y empleadores.
GRAVAR LOS BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO
Los sindicatos también piden este Primero de Mayo que el Gobierno grave los beneficios extraordinarios que las empresas cosechan en el mercado marginalista por el encarecimiento del precio del gas, y Bombardieri dice que debería aplicarse una tasa del 30 %.
En este sentido, el Gobierno de Draghi introdujo en marzo un impuesto del 10 % sobre estos beneficios solo para las empresas eléctricas.
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