María Vicente
Madrid, 5 mar (.).- Sólo una de cada cinco empresas que a partir del próximo 7 de marzo debe tener un plan de igualdad cuenta con uno, según los datos de Gobierno y sindicatos, una situación que puede acarrear a estas compañías sanciones de entre 750 a 7.500 euros
Ante la entrada en vigor, el próximo lunes, 7 de marzo, de la obligatoriedad de tener un plan de igualdad para las empresas de 50 a 100 trabajadores (las mayores ya lo estaban), unas 20.000 empresas están aún pendientes de aprobar uno, una situación que atribuyen al exceso de burocracia y a la dificultad para negociarlos.
El 8 de marzo de 2019 entró en vigor el decreto ley con medidas para garantizar la igualdad laboral, norma que fue posteriormente desarrollada en un reglamento en 2020 y que establecía la obligación para las empresas de contar con un plan que promoviera la igualdad entre los trabajadores de cada compañía.
El decreto fijó un plazo de tres años para que las empresas de más de 50 trabajadores negociaran con los representantes de los trabajadores, elaboraran y aplicaran un plan de igualdad (2022), dos años para las de entre 100 y 150 empleados (2021) y un año para aquellas cuya plantilla supere las 150 personas (2020).
Desde el Ministerio de Trabajo la cifra de planes de igualdad registrados ronda los 4.700. Según los datos proporcionados por UGT, son 4.679 los planes de igualdad registrados con acuerdo con los representantes de los trabajadores, de un total de 25.000 empresas que estarán obligadas, desde el día 7, a tener uno.
Del total de empresas que tienen que negociar y registrar un plan de igualdad, la mitad tiene entre 50 a 99 trabajadores, mientras que el 33 % cuenta con entre 100 y 249 empleados, y el 19 %, con más de 250, según los datos facilitados por CCOO.
La mayoría de las empresas que han de negociar un plan de igualdad se concentra en el sector servicios y tiene entre 50 y 99 personas trabajadoras.
En términos territoriales, más del 40 % de las empresas están en Cataluña o Madrid, que son también las comunidades en las que más planes quedan por registrar.
PRINCIPALES PROBLEMAS: BUROCRACIA Y FALTA DE APOYO ESTATAL
Entre los problemas encontrados a la hora de elaborar un plan de igualdad, tanto las empresas como los representantes de los trabajadores ven un exceso de burocracia y falta de apoyo financiero estatal para los sindicatos que no alcanzan a negociar todos los planes pese a ser requisito indispensable que salga con acuerdo.
La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, reclama en declaraciones a Efe "ayuda estatal" para sostener las negociaciones de estos planes por parte de los sindicatos, que deben actuar incluso en empresas y sectores que no tienen representación sindical.
En el mismo sentido, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha recordado en varias ocasiones que es necesario dotar de recursos desde la administración para implementar los planes de igualdad, para evitar que se conviertan en un trámite burocrático y que no se cargue al "voluntarismo" de los sindicatos.
Desde CCOO aseguran estar "redoblando esfuerzos, con formación específica para sus cuadros sindicales y estableciendo mecanismos organizativos que les permitan responder con la mayor celeridad a los requerimientos de las empresas y estar en las comisiones negociadoras".
"Las empresas piensan que con hacer el plan de igualdad es suficiente, pero éste debe contar con medidas específicas para hacer que funcione", denuncia también Antoñanzas (UGT), al tiempo que explica que muchas empresas, sobre todo las pequeñas, encargan a consultoras la elaboración de estos diagnósticos y éstas añaden datos que no son correctos o que no son los que se necesitan.
"Las empresas externalizan los diagnósticos previos e incluso el propio plan a consultoras que plantean cuestiones que no son la realidad de la empresa. Se hacen modelos estándar y no están adaptados a las especificidades de cada compañía", asegura.
Por su parte, la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha lamentado que "muchas empresas hayan esperado hasta el último momento para iniciar el proceso de negociación".
"No sabemos cómo va a actuar la Administración pero de esa falta de cumplimiento tendrán que responder las empresas que son las que van tarde", ha dejado claro Vidal.
Y es que la Inspección de Trabajo, que hasta ahora se había limitado a hacer requerimientos a las empresas para ver en qué estado se encuentra el plan de igualdad, comenzará a actuar y puede sancionar con entre 750 y 7.500 euros, ya que se trata de una infracción grave.
"Hasta ahora estamos requiriendo a las empresas y dependerá del actuante, de si han iniciado los procedimientos o cuentan ya con una comisión negociadora, para ver si tienen un plan de igualdad", ha explicado a Efe la presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 10946614 y otros)