Madrid, 12 ene (.).- El Ministerio de Trabajo presentará esta semana las conclusiones de la comisión asesora para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y convocará a los agentes sociales para analizarlas y tratar de consensuar tanto con los sindicatos como con la patronal el alza a aplicar este año.
Trabajo prevé dar a conocer esta semana las conclusiones de los expertos, que aconsejan un alza del 3,4 % o del 4,4 % para 2025, en función de dos métodos diferentes de cálculo, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las deliberaciones del grupo de expertos.
La propuesta dual supondría elevar el SMI en 39 o en 50 euros brutos mensuales, con lo que subiría a 1.173 euros o a 1.184 euros brutos mensuales.
Una vez que se presente públicamente el informe de los expertos, que fue cerrado el pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo tiene la intención de convocar también esta semana a patronal y sindicatos para escuchar sus propuestas y negociar la subida definitiva.
La decisión final requiere también de un acuerdo en el seno del propio Gobierno de coalición, ya que fuentes gubernamentales reconocen que la postura del Ministerio de Trabajo es más ambiciosa que la del Ministerio de Economía.
La aprobación de la subida del SMI se lleva a cabo por real decreto y es una prerrogativa del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, que no requiere de la convalidación del Congreso.
Tanto CCOO como UGT abogan por una subida de entre el 5 % y el 6 %, que sitúe el SMI por encima de los 1.200 euros.
La patronal, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, si bien hace un año se descolgó del acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos para elevar un 5 % el SMI hasta los 1.134 euros mensuales, acusando al Ministerio de tratar de "chantajear" a los empresarios planteándoles un alza menor si se sumaban al pacto.
Entonces se quejaron de las formas utilizadas por Trabajo, pero también del fondo y avisaron del impacto que el aumento salarial tendría sobre el tejido empresarial, en concreto, en las empresas del ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario.
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