Madrid, 30 oct (.).- El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha cifrado, por primera vez, la deuda pendiente de cobrar por pagos indebidos de prestaciones desempleo y que, a cierre de 2018, ascendía a 590 millones de euros.
Según las cuentas de 2018 del organismo publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la primera vez que se contabilizan estos derechos pendientes de cobro ya que hasta ahora se incluían estimaciones, un aspecto cuestionado en las auditorías que la Intervención General hace a las cuentas del SEPE.
Así, en las cuentas de 2017, este saldo se estimaba en 612,5 millones, por encima de la cifra contabilizada finalmente, y se señalaba que, no contar con un cálculo más real, era "una limitación al alcance en el trabajo realizado".
Las cuentas de 2018 también reconocen, por primera vez, derechos pendientes de cobro correspondientes a la vía ejecutiva para ese año, por importe de 136,3 millones.
Sin embargo, añaden, siguen sin estar contabilizados, ni verificados, otros derechos pendientes de cobro, se entiende que los que aún están en vía voluntaria, lo que sigue suponiendo una limitación.
La obligación de reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribe a los cuatro años.