Madrid, 25 oct (.).- El Ministerio de Trabajo ha elaborado el anteproyecto de ley para reordenar los incentivos a la contratación con la supresión de muchos de los existentes y la puesta en marcha de otros para colectivos como los jóvenes poco formados, una unificación con la que prevé ahorrar 279 millones anuales.
De acuerdo con la memoria del anteproyecto de ley, abierto al trámite de audiencia e información pública, las medidas suprimidas en este nuevo esquema de ayudas para la contratación supondrán un ahorro de 463,9 millones de euros al año mientras que las novedades elevarán el gasto en 196,9 millones.
El resultado es una disminución estimada del gasto de 267 millones al año a los que se sumarán otros 12 millones de ahorro cuando en dos años se suprima la bonificación por transformar temporales en fijos discontinuos en el sector agrario.
Pese a estas cifras, Trabajo añade que el objetivo es que el impacto presupuestario "sea prácticamente nulo" al compensarse el aumento de gasto de nuevas medidas con la supresión de otras bonificaciones y que el fin es contar con un marco de ayudas más eficaz.
En la introducción a la norma, Trabajo explica que en la actualidad no existe un marco jurídico único para la regulación de los incentivos a la contratación sino múltiples normas que contienen, aproximadamente, 76 medidas diferentes.
Esta excesiva fragmentación y dispersión "va en detrimento de la transparencia, eficacia y eficiencia de tales medidas" que suponen alrededor del 25 % del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo.
En el proyecto de la norma se detalla el refuerzo de algunas partidas como la bonificación a la contratación indefinida de jóvenes con baja cualificación, estimada en 72,5 millones de euros más, la contratación indefinida de personas en formación práctica en la empresa, con 17 millones más, o la transformación en contratos fijos discontinuos en el sector agrario, con 12 millones adicionales.
Al detalle, se recoge, por ejemplo, que la contratación indefinida de parados de larga duración dará derecho a una bonificación en la cotización de 110 euros al mes durante tres años o que será de 128 euros al mes durante cuatro años en el caso de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales o de trata de seres humanos.
Frente a esto, por ejemplo, se cifra en 155 millones el ahorro con la limitación a tres meses (febrero, marzo y noviembre) de la bonificación de los contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería.
LAS EMPRESAS DEBERÁN MANTENER EL EMPLEO DURANTE TRES AÑOS
El anteproyecto también recoge una serie de limitaciones al despido para las empresas que se acojan a bonificaciones y que deberán mantener en plantilla a estos trabajadores al menos tres años o, de lo contrario, tendrán que devolver las ayudas.
No obstante, la norma excepciona las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que se declaren nulos o improcedentes, así como los despidos colectivos o las causadas por dimisión, jubilación, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de las personas trabajadoras, o por resolución del período de prueba.
También se fija que las empresas que trasladen su actividad a territorios fuera de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo deberán devolver la ayudas.
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