Atenas, 12 mar (EFE).- Miles de funcionarios recorrieron hoy las principales calles de Atenas en una manifestación convocada por el sindicato de funcionarios ADEDY para protestar contra los despidos de trabajadores públicos.
Según el compromiso alcanzado con la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), el Gobierno del conservador Andonis Samarás deberá despedir este año a 11.000 empleados públicos y poner a otros 12.500 en el esquema de reserva laboral.
Los funcionarios incluidos en este plan de reserva pasan a cobrar el 75 % de su salario durante ocho meses, un periodo a cuyo término deben haber sido trasladados a otro puesto de la Administración en el que haya vacantes o, en caso contrario, son definitivamente despedidos.
Los manifestantes, 3.500 según la Policía, se reunieron en la plaza Klafthmonos y marcharon hacia la céntrica plaza Syntagma, frente al Parlamento ateniense.
La manifestación se desarrolló sin incidentes, aunque desde primeras horas de la mañana varios profesores que se encuentran en el esquema de reserva laboral se habían encadenado a las vallas de seguridad del Parlamento.
La marcha también provocó atascos importantes en las calles más céntricas de la capital.
Los manifestantes intentan impedir el despido de más de 4.400 funcionarios que perderán su trabajo el 22 de marzo, tras ocho meses en el esquema de reserva laboral.
Entre ellos hay 2.114 profesores de enseñanza secundaria, que perderán su empleo por decisión del ministerio de Educación, y 2.234 bedeles.
"Nos prometieron el traslado de todos a otros organismos de la Administración. Hasta ahora ninguno ha sido nombrado para otro puesto", declaró a Efe Nikos Kikakis presidente de la coordinadora de los profesores en la reserva laboral.
"Impedir nuestros despidos no es suficiente. Exigimos el restablecimiento de las especialidades de formación profesional que el ministerio de Educación eliminó, porque hay 20.000 alumnos, que ahora están obligados a cambiar de especialidad o a continuar sus estudios en escuelas privadas", explicó Kikakis.
Los profesores y otras categorías de funcionarios han presentado denuncias contra su inclusión en el esquema de reserva laboral al Consejo de Estado, el máximo tribunal griego para cuestiones administrativas, y esperan su dictamen en los próximos meses.
El Ejecutivo ya ha sufrido varios reveses judiciales y, por ejemplo, el Consejo de Estado decidió recientemente que era ilegal el traslado a esta reserva de 482 funcionarios, por lo que el Gobierno deberá readmitirlos.
Además, declaró inconstitucional el recorte de salarios y pensiones de militares, bomberos y policías, así como el de un suplemento salarial destinado a la compra de libros del que gozan los profesores universitarios.
"El personal de nuestro organismo ha sido reducido un 40 %, en cuatro años. Solo el año pasado se retiraron 800 colegas. No es posible otra reducción de personal", dijo Yorgos Kyriakópulos, presidente del sindicato de los funcionarios de IKA, la mayor caja de Seguridad Social del país.
Panos, un arqueólogo de 44 años, que trabaja en el ministerio de Cultura desde 2007 teme ser despedido.
"Incluso si consigo mantener mi empleo, mi trabajo se limitará a cuestiones administrativas, pues los fondos para excavaciones y para el mantenimiento de los sitios arqueológicos han sido reducidos prácticamente a cero", destacó.
ADEDY pidió también secundar la huelga de 48 horas convocada para los próximos días 19 y 20 de marzo.