Aldana Vales
Buenos Aires, 2 abr (EFE).- Los consumidores argentinos sienten como un shock el aumento en transporte, gas y agua que el Gobierno de Mauricio Macri implementará a partir de este mes tras 15 años de tarifas atrasadas y subsidios a los distintos sectores.
El 'tarifazo', con incrementos de hasta un 100 % en el transporte, más del 300 % en el gas y el agua y subidas en el combustible, volverá a golpear en abril los bolsillos argentinos solo dos meses después que el Gobierno aumentara el precio del servicio eléctrico.
El país suramericano siente como un shock esta actualización de tarifas que en cambio, para los economistas, es más gradual de lo que se supone y no podía demorarse más tiempo.
Detrás de las medidas, dicen los expertos, hay dos motivos: el déficit fiscal y la necesidad de generar inversiones en infraestructura, un punto clave porque hace años que en Argentina no hay rentabilidad en estos sectores.
"Sintonía fina", había denominado Cristina Fernández en 2011 a las medidas poco populares que debía tomar en su incipiente segundo mandato para corregir los desequilibrios en la economía argentina, pero la decisión nunca fue tomada, algo que, para los economistas, agravó el problema.
"La decisión de pisar tarifas fue útil en el peor momento de la crisis de 2001-2002. En los primeros años de Néstor Kirchner era algo para estimular la economía pero no algo recomendable. Ya desde el primer Gobierno de Cristina (Fernández) era un problema", explicó a Efe Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica.
"Pasaron 15 años y seguimos discutiendo si hay que sacar las tarifas que nos ayudaron a salir de la crisis de 2001. No haber tomado esa decisión en su momento nos metió en otra crisis", agregó.
Calificado como "pesada herencia" por el Gobierno de Macri, el panorama al momento de la salida del kirchnerismo del poder incluía la caída de las reservas internacionales, un déficit fiscal financiado con emisión monetaria y el colapso en el sistema energético.
Para Castiñeira, Macri no ha elegido el camino del shock para remediar el problema, pues a pesar de quitar parte de los subsidios, aún queda un restante.
Con él coincide el economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando J. Ferreres.
"Esto es gradual aunque no se sienta así. El atraso era tan grande que se siente como un shock. Si se hace de forma muy gradual, no sirve para nada, sobre todo en el gas y la electricidad, dos sectores en los que no hay muchos momentos para tomar estas medidas", dijo en diálogo con Efe.
Para Spotorno, el riesgo en este contexto es, por el contrario, "ser demasiado gradual" y no lograr convencer para atraer inversiones.
Las estimaciones sitúan entre los 15 mil millones y 18 mil millones de dólares anuales la inversión necesaria en el sector energético.
"Todavía no se cubren los costos de la producción de electricidad, de gas y de transporte", puntualizó Spotorno.
Los aumentos, coinciden los expertos, impactarán casi en su totalidad en los precios, pues las facturas llegarán directamente al consumidor, a las empresas y a los comerciantes.
La consultora Orlando J. Ferreres calcula que estos aumentos sumarán 7 puntos de inflación adicional solamente para abril, lo que situaría en casi 8 por ciento el incremento en precios en este mes.
El Gobierno calculaba para este año un techo en la inflación interanual del 25 por ciento, pero las estimaciones privadas son pesimistas: solo en la primera mitad del año, Argentina ya alcanzará esa cifra y recién a partir de julio se verá un descenso.
Para Castiñeira, además, el famoso "25 por ciento" es una autoexigencia demasiado elevada y "casi imposible" de cumplir en el contexto de "liberar la economía del mayor atraso cambiario y tarifario que tuvo Argentina".
En este escenario, aún resta saber si el Gobierno implementará algún tipo de paquete de políticas sociales enfocadas a evitar que los sectores bajos sean los más perjudicados por el ajuste en las tarifas.
Para eso, el Ejecutivo tiene dos grandes herramientas: el sistema de pensiones y la reconocida Asignación Universal por Hijo, una ayuda social implementada por el kirchnerismo.