Buenos Aires, 27 nov (EFE).- El Gobierno argentino dijo hoy que la solución del conflicto de la deuda con los fondos especulativos a partir de enero, cuando vence la cláusula que impide a Argentina pagar más a otros acreedores que a los que aceptaron las quitas de la reestructuración, dependerá de la "actitud" de los litigantes.
El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, manifestó que el Gobierno mantendrá en 2015 la misma postura que hasta ahora frente al fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien dio la razón a los fondos de inversión que demandaron a Argentina en EE.UU.
Los demandantes poseen deuda argentina en mora desde 2001, pues no entró a las reestructuraciones que siguieron al millonario cese de pagos de ese año, y, según lo decidido por Griesa, deben recibir 1.300 millones de dólares, más intereses, de parte de Argentina.
El Gobierno de Cristina Fernández sostiene que no puede acatar el fallo de Griesa, ya que la cláusula RUFO de los contratos firmados con los acreedores que aceptaron los canjes, desencadenaría un aluvión de demandas que echaría abajo la reestructuración.
"Se está gestando una especie de escenario donde en enero, cuando efectivamente termina la cláusula RUFO. (siglas en inglés de derecho sobre futuras ofertas), va a ocurrir algo que para nosotros no depende tanto del Gobierno sino que depende mucho de la actitud de los fondos buitres", sostuvo Kicillof durante una rueda de prensa.
"Argentina, como siempre, tiene las mismas conductas. Pretende dialogar con todo el mundo y llevar una propuesta que solucione el 100 % de los acreedores", pero en condiciones "justas, legales, equitativas, sostenibles".
El dictamen del juez Griesa, que fue ratificado por la Corte Suprema de EE.UU., ha impedido que algunos de los tenedores de títulos reestructurados puedan cobrar los vencimientos en Estados Unidos desde junio pasado, lo que ha creado una situación de impago técnico.
Kicillof acusó a los fondos demandantes de tener "un comportamiento de buitres" y subrayó que "ya a esta altura se está viendo que tiene más intencionalidades que la financiera o la económica, hay una intencionalidad política, representan determinados intereses".
La reestructuración de la deuda, que se llevó a cabo en dos etapas (2005-2010), la primera con Néstor Kircher como presidente y la segunda con Cristina Fernández, fue aceptada por el 93 % de los tenedores de la deuda que estaba en cese de pagos desde 2001.