Bruselas, 9 ene (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que la prohibición de recargos por pagos con tarjeta, adoptada por el bloque en 2015, no estaba respaldada "por pruebas suficientes" y se decidió sin comprobar que los efectos positivos de la medidas superasen "claramente" los efectos negativos.
Es una de las conclusiones de un informe publicado este jueves por los auditores comunitarios sobre el marco europeo de pagos digitales, que, en general, "ha contribuido a que sean más seguros, rápidos y baratos para los usuarios".
La principal conclusión del estudio es que la UE "cuenta con un marco jurídico avanzado para los pagos digitales", pero pone el acento en una serie de "lagunas" que exigen "más atención" por parte de las autoridades comunitarias.
En primer lugar, el estudio analiza las intervenciones de precios que permite la legislación para "reducir los efectos adversos de la competencia desleal o cumplir ciertos objetivos, potencialmente en beneficio del consumidor".
Una de estas intervenciones es la prohibición a los comerciantes de imponer recargos a operaciones con tarjeta de consumidores sujetas al límite máximo de las tasas de intercambio y a las transferencias SEPA, que fue introducida por la directiva europea de 2015 sobre servicios de pago.
"Constatamos que los motivos de la introducción de la prohibición de recargos no estaban respaldados por pruebas suficientes", defienden los auditores en un informe en el que añaden que "la Comisión Europea no contaba con elementos suficientes para afirmar que los efectos potencialmente positivos de la prohibición de recargos para los consumidores superan claramente las repercusiones a largo plazo en la competencia y en última instancia, en los propios consumidores".
El Tribunal de Cuentas pasa después a desmentir los motivos invocados por Bruselas para adoptar tal prohibición, como, por ejemplo, el hecho de que la evaluación de impacto de la directiva sobre servicios de pago no contiene "pruebas claras" sobre la posibilidad de que los recargos generen "confusión" entre los consumidores.
También niegan la existencia de "datos empíricos sólidos" que respalden la idea de que los recargos "eran sistemáticamente excesivos" cuando se adoptó la prohibición y subrayan que "la propia Comisión reconoció que los recargos excesivos sólo se produjeron en algunos casos".
En general, el informe apunta que "la ausencia de datos exhaustivos, fiables y actualizados" impide a las autoridades comunitarias "supervisar eficazmente el impacto de las intervenciones en los precios" y uno de los motivos es "la existencia de acuerdos de no divulgación de los sistemas de tarjetas".
La Comisión Europea compartió el análisis de que las intervenciones de precios "deberían ser excepcionales", pero añadió que aquellas que se aplican (entre ellas también está el límite a la tasa de intercambio para pagos con tarjeta, por ejemplo), atajan "importantes deficiencias del mercado de pagos digitales y benefician tanto a comerciantes como a consumidores".
En cualquier caso, Bruselas subrayó que sus servicios evalúan "continuamente" el impacto de estas intervenciones de precios.
Por otro lado, los auditores también identificaron dos problemas "clave" en el ámbito de la banca abierta ('open banking'), el otro ámbito de actuación dentro de los pagos digitales que requiere "más atención", además de las intervenciones de precios.
La primera de ellas es la obligación de proporcionar acceso gratuito a datos de los usuarios de pagos a proveedores terceros, que, a juicio del Tribunal de Cuentas de la UE, "puede desincentivar la prestación de un servicio de alta calidad por los titulares de los datos sobre cuentas".
Y la segunda es la ausencia de una norma que regule las interfaces de programación de aplicaciones, un aspecto que los auditores ven como un "obstáculo" para los proveedores que utilizan dichos datos.