Madrid, 29 nov (.).- Ciudadanos no apoyará la publicación de los nombres de los amnistiados en 2012 porque es de "dudosa legalidad" y ha pedido al Gobierno y al Ministerio de Hacienda que expliquen las acciones que hará para recuperar el dinero que no afloró en la amnistía fiscal, dado que según Hacienda no prescribe.
En rueda de prensa, el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha valorado que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, haya subrayado que no hay prescripción para poder abrir las actas de inspección a los acogidos a la amnistía fiscal y que no pagaron el 10 % que estipulaba la Ley.
"Le exigimos al ministro que lo haga lo antes posible", ha dicho, con el fin de recuperar los 1.000 millones que estima Ciudadanos y que podrían entrar en las arcas públicas y constar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
El pleno del Congreso debate hoy una moción consecuencia de interpelación sobre la recuperación del dinero que no se abonó en la amnistía fiscal.
Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han anunciado que presentarán enmiendas, al igual que el Partido Democrático de Cataluña (PDC).
La mayoría de las enmiendas van dirigidas a que se mejore la transparencia en las prácticas tributarias y mientras el PSOE aboga por la publicación de la lista de defraudadores acogidos a la amnistía fiscal en 2012, la formación catalana también exigirá transparencia en los datos de las contribuciones fiscales de todos los ciudadanos y empresas.
Sin embargo, el secretario general de Ciudadanos ha afirmado que la publicación de la lista de amnistiados es "cuanto menos cuestionable su legalidad", ya que está sujeta a diversas leyes que protegen esta información.
"Otra cosa sería abrir una comisión de investigación", ha subrayado.
Por otra parte, Gutiérrez ha anunciado que su formación política ha solicitado la creación de una Fiscalía especializada en delitos fiscales que tienen que ver con las nuevas tecnologías y ha incidido en que esta piratería supone una pérdida de 10.000 puestos de trabajo anuales.