Madrid, 25 ene (.).- CCOO denuncia en un informe que 726 millones presupuestados por el Gobierno entre 2014 y 2016 para financiar la formación de los trabajadores no se destinaron a ese fin y sospecha que pudieron servir para paliar el déficit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Según un estudio elaborado por la Secretaria de Formación de CCOO, la reforma gubernamental de la formación profesional para el empleo ha dejado sin oferta de formación subvencionada estatal a casi 600.000 trabajadores entre 2015 y 2016 y ha expulsado a más de 100.000 pequeñas empresas de las bonificaciones a los cursos.
El informe destaca que precisamente son esas pequeñas empresas las que más asesoramiento y apoyo financiero necesitan para llevar a cabo sus planes de formación pues sus plantillas no alcanzan los diez trabajadores.
La gran empresa, sin embargo, ha aumentado su participación en un 4 % mientras que menos del 25 % de las microempresas que existen acceden a la formación bonificada.
Para CCOO, la Administración "regala" a la gran empresa las cotizaciones por formación profesional de los trabajadores.
El sindicato apela a la responsabilidad del Gobierno para definir un modelo de formación "válido, eficaz y útil" y exige devolver a la formación el papel que le corresponde como instrumento para el empleo, el desarrollo de los trabajadores y la mejora de las empresas.
Para CCOO, eso sólo es posible si el Gobierno trabaja conjuntamente con las organizaciones sindicales y empresariales y diseña mecanismos de participación e intervención en el seguimiento y control de la formación.
El estudio recuerda que han pasado casi dos años desde que el Gobierno acometió la reforma urgente de la formación profesional para el empleo, "dejándola en manos del libre mercado de las entidades privadas".
Una reforma que, para el sindicato, ha supuesto el "desmantelamiento" de un modelo basado en el diálogo y la negociación colectiva y su sustitución por "un conjunto inconexo de normas pendientes de desarrollo, fracasos y promesas incumplidas".
Por ello, CCOO sostiene que el Gobierno no puede pretender ahorrar sustrayendo al sistema los fondos de los trabajadores para formación, "e inventando artificios financieros y presupuestarios que hacen que el remanente de formación sirva para financiar los déficit de otras partidas".
El estudio hace hincapié en que las cotizaciones por formación profesional están destinadas a un único fin: la formación, tal y como ha señalado, repetidamente, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.