Madrid, 14 feb (.).- La mayoría de grupos parlamentarios ha instado al Gobierno a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la prevención de riesgos laborales y el número de inspectores de trabajo para reducir la siniestralidad laboral.
La Comisión de Empleo y Seguridad Social ha aprobado hoy una proposición no de ley del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha sido pactada con el PSOE y con el PDeCAT, para pedir al Ejecutivo que reforme la legislación vigente y garantice que ningún trabajador haga su trabajo sin una protección efectiva.
La iniciativa insta a poner en marcha las medidas legales para establecer controles públicos que garanticen la calidad de las prestaciones de los servicios de protección.
Y también a que el Gobierno convoque la mesa del diálogo social para acordar las modificaciones a la Ley de prevención de Riesgos Laborales para potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los servicios de prevención ajenos.
Asimismo aboga por reponer las vacantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social así como del de subinspectores laborales, para eximirlos del principio de reposición cero y mínima, y se incrementen las ofertas públicas de empleo.
La iniciativa recoge la pretensión del PDeCAT de territorializar con la mayor celeridad posible los fondos destinados a prevención de riesgos laborales entre las administraciones autonómicas que tienen asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad Social e higiene en el trabajo, para que puedan gestionarlos.
La Comisión de Empleo también ha aprobado la proposición no de Ley del grupo popular relativa a fomentar el teletrabajo y potenciar las ventajas inherentes al mismo, así como la iniciativa que han presentado para reforzar la Cartera común de los Servicios del Sistema Nacional de Empleo.
El portavoz de Empleo del PP, José Ignacio Echániz, ha defendido las ventajas del teletrabajo para fomentar la conciliación laboral y familiar y el ahorro de tiempo en desplazamientos y ha dicho que da una "mayor autonomía al desarrollo profesional" y acarrea reducción de costes para las empresas y para la sociedad.
Ha añadido que el teletrabajo fomenta una distribución geográfica más equitativa y facilita la inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión social.
Ha pedido desarrollar la normativa presente en el Estatuto de los Trabajadores para que se garantice que esta modalidad laboral es equivalente al trabajo presencial.
La iniciativa ha salido gracias al apoyo de Ciudadanos y las abstenciones del PSOE, del PDeCAT y de CC, que han instado al PP a traer al Congreso propuestas concretas de regulación del teletrabajo.
La mayoría han aludido a la normativa que recoge el acuerdo marco europeo sobre esta modalidad de empleo, que además debe ser negociada con los agentes sociales.
Por su parte, el diputado del PP Rafael Merino ha defendido la proposición no de Ley sobre la Cartera Común de los Servicios del Sistema Nacional de Empleo y ha dicho que se trata del "primer instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo que tiene como objetivo garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso al servicio público de empleo".
Merino ha pedido potenciar este servicio para mejorar la orientación profesional y la asesoría para el autoempleo y el emprendimiento y ha apuntado que así "los parados tendrán más oportunidades".