Madrid, 29 ene (.).- El Congreso debate en su primer pleno de 2017 la convalidación de la nueva Ley de Garantía Juvenil que busca facilitar el empleo a los menores de 30 años y que mejorará los requisitos de acceso, al tiempo que votará la creación de una nueva prestación de ingresos mínimos (Renta Mínima) de 426 euros.
El pleno del Congreso iniciará el martes su sesión con el debate de convalidación de la Ley de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyos fondos provienen de la Unión Europea.
La urgencia de las medidas se justifica por la necesidad de mejorar la gestión administrativa del sistema para favorecer el acceso y la inscripción de los jóvenes, según consta en el Real Decreto.
Así, se posibilita que todos los jóvenes menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo sean inscritos directamente en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, incluso con efectos retroactivos.
Se establece la conversión de reducciones a la cotización a la Seguridad Social en bonificaciones, con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, cuando se trate de medidas en beneficio de jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil.
La nueva Ley establece que podrán participar los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, así como los jóvenes mayores de 25 años y menores de 30 hasta que la tasa de desempleo de dicho colectivo se sitúe por debajo del 20 %.
Estas personas deben no haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud y tendrán que presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
En febrero de 2013 el Consejo Europeo decidió poner en marcha la Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020, con una dotación de 6.000 millones de euros y la oposición política ha criticado, en varias ocasiones, que no se hayan agotado los fondos anuales.
Por otra parte, el primer pleno del año también tomará el jueves en consideración, previsiblemente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP y de Ciudadanos, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de los sindicatos, que convertida en proposición de Ley pide una Renta Mínima de unos 426 euros para las personas sin ingresos o en riesgo de exclusión social.
La iniciativa supone un coste de alrededor de 11.000 millones anuales y mientras la mayoría de la oposición apoyará su tramite parlamentario, el PP y Ciudadanos, han adelantado que no favorecerán esta prestación por las dificultades que supone su financiación.
La prestación se dirige a 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80 % del Iprem, es decir unos 426 euros, que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.
El grupo parlamentario socialista ha adelantado a EFE que solicitará además un aumento de la prestación por cargas familiares que pueda llegar a los 150 euros mensuales por cada hijo para rentas de hogares inferiores a 7.100 euros anuales.
De esta forma quieren trasladar la propuesta electoral de Ingreso Mínimo Vital del PSOE, que para ingresos de entre 7.100 euros y 11.500 euros anuales propone un complemento de 100 euros mensuales por hijo, mientras que para familias con rentas por debajo de los 17.000 euros al año establecían 50 euros por hijo.
El PDeCAT ha valorado que la prestación por ingreso mínimo esté vinculada a la formación y a la aceptación de una primera oferta de empleo, aunque el debate sobre la cuantía -señala el diputado Carles Campuzano- tendrá que ser "más profundo".
Unidos Podemos, por su parte, pretende que los 426 euros puedan llegar a los 600 euros mensuales, tal como solicitaban en su programa electoral sobre una renta básica universal.