Bruselas, 21 jun (.).- La Comisión Europea (CE) presentó hoy una propuesta que obligará a los intermediarios fiscales, como bancos, consultores o abogados, a informar a las autoridades tributarias cuando den asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la Unión Europea (UE) y prevé sanciones para quienes incumplan.
"Los intermediarios tendrán que informar de cualquier esquema transfronterizo que podría usarse para evadir impuestos. Tendrán que dar detalles a sus autoridades nacionales muy pronto", dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de la propuesta.
Es la primera vez que Bruselas se lanza a atajar las prácticas de los intermediarios que diseñan planes para permitir a particulares o empresas escapar o reducir sus contribuciones al fisco, especialmente, a través de complicados esquemas transfronterizos.
La Comisión no cuenta con un cálculo exacto del perjuicio que sus actividades generan para las arcas públicas de los Veintiocho, pero revelaciones recientes como los papeles de Panamá han puesto de manifiesto el "papel central" que juegan en la evasión fiscal.
"No todos en este sector están involucrados en la planificación fiscal agresiva (...), pero algunos intermediarios han ido más allá de estos servicios, en un territorio mas sombrío", dijo Moscovici, quien reconoció que los asesores proporcionan servicios esenciales.
El comisario añadió que sin estos asesores, "que hasta ahora han permanecido fuera del radar", la evasión fiscal internacional "no podría ocurrir como ahora".
Por ello, la legislación propuesta, que aún debe ser negociada y aprobada por los países y por la Eurocámara, establece que los intermediarios estarán obligados a informar a las autoridades cuando los planes elaborados para sus clientes cumplan con una serie de "marcas distintivas" características de las estrategias típicas de evasión.
La Comisión incluye entre estas el uso de pérdidas para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar, el uso de regímenes fiscales especialmente beneficiosos o los acuerdos a través de países que no cumplen con los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal.
La norma cubre a todos los "profesionales y compañías" que diseñen un plan fiscal que tenga un elemento transfronterizo y contenga alguno de los distintivos" previstos por la CE, lo que incluye a abogados, contables, bancos, asesores fiscales y financieros, y consultores, incluidos aquellos que proporcionan servicios dentro de su propia empresa.
Estos deberán informar a las autoridades de su país de origen en los cinco días siguientes a haber proporcionado el plan a su cliente.
En algunos casos, la obligación recaerá sobre el contribuyente, como cuando su consejero se encuentre en un país de fuera de la UE, cuando se trate de asesoría en la propia empresa y cuando el servicio esté proporcionado por un abogado sujeto a secreto profesional.
Las instituciones nacionales que reciban la información tendrán que cargarla después en un registro central al que tendrá acceso el resto de Estados miembros de la Unión, lo que debería permitirles identificar nuevos riesgos y bloquear iniciativas perjudiciales, según la CE.
El Ejecutivo comunitario deja en manos de los Estados, sin embargo, fijar sus propias sanciones para quienes incumplan -multas o sanciones administrativas- y confía en que estos requisitos y el "riesgo reputacional" para las empresas que se salten la norma actúen como medida disuasoria.
"Espero que los Estados miembros garanticen que estas sanciones son suficientemente duras para disuadir a los incumplidores, pero depende de ellos", dijo Moscovici.
A raíz de los Papeles de Panamá, la UE ha iniciado una ofensiva contra la evasión fiscal y el fraude, al acordar la directiva contra la evasión de impuestos, el intercambio de información entre Estados sobre los pactos fiscales que conceden a multinacionales, los informes por país sobre la actividad de las corporaciones en su territorio o la "lista negra" de paraísos fiscales fuera de la UE.
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