Madrid, 8 ene (.).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este miércoles al Ministerio de Economía de vetar la aprobación urgente en Consejo de Ministros de la ley que reducirá la jornada laboral a fin de retrasar la entrada en vigor de las 37,5 horas semanales más allá de 2025.
"Me parece muy grave", ha dicho la vicepresidenta en declaraciones a Telecinco, donde ha denunciado que este bloqueo supone el incumplimiento por parte del PSOE de una de las principales medidas del acuerdo para el Gobierno de coalición.
El Ministerio de Economía ha negado el bloqueo y ha asegurado que abordará este asunto en la primera reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en la que sea posible.
No obstante, ha reconocido que la relevancia económica de la iniciativa "con implicaciones en todos los sectores económicos" hace necesario garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los Ministerios económicos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que hay que debatir en profundidad la reducción de la jornada laboral porque "no es un asunto de trámite" y debe contar "con todas las garantías".
Fuentes del Ministerio de Trabajo han recordado que el texto de la ley ya está pactado con los sindicatos y que ni siquiera la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, con la que Díaz también tuvo sonados desencuentros a cuenta de la reforma laboral o el salario mínimo, cuestionó jamás las normas acordadas con los agentes sociales.
Trabajo tiene por escrito la respuesta de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, presidida por Cuerpo, que ayer le envió un correo electrónico informándole de que la ley seguirá el trámite de aprobación por la vía ordinaria dada su relevancia.
El correo, al que ha tenido acceso EFE, insta a solicitar la introducción de la reducción de jornada en el orden del día de la reunión de la CDGAE del próximo 27 de enero, tras no incluirse en la del próximo lunes 13 de enero como había solicitado Trabajo.
El Ministerio de Trabajo ve en la actuación de Economía una clara maniobra dilatoria para evitar que las 37,5 horas semanales entren en vigor en 2025, lo que califica de una gravedad política mayúscula porque supone incumplir el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Las mismas fuentes explican que si la norma es aprobada en el Consejo de Ministros por la vía ordinaria, será imposible que complete el trámite parlamentario y esté en vigor antes de que acabe el año, como estaba comprometido.
Sin embargo, si el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley con carácter urgente se acortarán los plazos del trámite consultivo y llegará antes al Congreso, donde todavía le quedarían al menos seis meses de tramitación, según los cálculos de Trabajo.
Díaz ha descartado que el retraso en la aprobación de la reducción de la jornada laboral se explique por la falta de apoyos parlamentarios como defiende la parte socialista del Ejecutivo, ya que "hoy el Gobierno de España no tiene garantizada ninguna votación".
Respaldo de UGT a Díaz
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha salido a respaldar a la vicepresidenta segunda y ha advertido de que el sindicato no permitirá que la reducción de jornada "permanezca en un cajón sin que sea tramitada, como ha pasado con el estatuto del becario".
Álvarez ha avisado de que si es necesario se llegará a la movilización y ha defendido que la norma tiene que aprobarse tal y como ha sido acordada por Trabajo con los sindicatos, aunque en el posterior trámite parlamentario se incluyan enmiendas para concitar las mayorías necesarias.
La disputa viene de lejos
Trabajo afirma que la disputa con Economía se viene fraguando desde hace meses y que la parte socialista del Ejecutivo ya le había planteado por escrito sus discrepancias respecto a los plazos para la entrada en vigor de la reducción de jornada.
Además, según Trabajo, tampoco están conformes con que en los casos de empleo a tiempo parcial la reducción de jornada conlleve una subida salarial, en lugar del recorte de horas, un planteamiento que para el departamento de Díaz supone alinearse con las tesis de la patronal que no quiere que la medida tenga coste alguno para los empresarios.