Madrid, 12 dic (.).- El pleno del Congreso convalida este jueves el segundo decreto ley del Gobierno para ayudar a los afectados por la dana, que incluye 110 medidas adicionales por importe de 3.765 millones de euros, con el apoyo de todos los grupos, salvo el previsible voto en contra de Vox.
A falta de la votación, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha vuelto a tomar la palabra una vez que han intervenido todos los portavoces para agradecer su apoyo, "con la excepción de la ultraderecha, de los extremistas que suben a este tribuna a faltarnos al respeto y a imputarnos delitos", ha dicho.
El portavoz de Vox José María Figaredo ha acusado al Gobierno de ser "el culpable" de las muertes provocadas por la dana, por su falta de actuación respecto a la renovación de infraestructuras y ha asegurado que desde el Ejecutivo han preferido que la crisis se agrave para poder culpar al PP.
En su réplica, Bolaños ha agradecido particularmente el apoyo del PP, pero le ha afeado a su portavoz, Juan Bravo, que haya asegurado que las ayudas no están llegando a los afectados.
"No nos puede matar la burocracia", ha dicho Bravo, a lo que Bolaños ha contestado que la tramitación administrativa de las ayudas se está haciendo "con la mayor agilidad conocida en la historia de las respuestas a las catástrofes que ha dado la Administración General del Estado".
Bravo además ha pedido a Bolaños que no vete las propuestas del PP y que se abra a debatir un plan de reconstrucción a diez años que no se vea interferido por los cambios de Gobierno.
100.000 hogares y 30.000 empresas como potenciales beneficiarios
En su primera intervención, el ministro ha recordado que las ayudas beneficiarán a más de 100.000 hogares, 30.000 empresas y 400.000 trabajadores.
Entre ellas, destacan la extensión de todas las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que las tienen alquiladas y la ampliación a los inquilinos de la compensación por pérdida de enseres, así como la prohibición de los cortes de energía a los hogares afectados.
En el ámbito laboral de establecen permisos retribuidos y no recuperables con cargo a la empresa para quienes no hayan podido acudir a trabajar, la obligatoriedad del trabajo a distancia cuando sea posible o la adaptación de la jornada, entre otras cosas.
En el ámbito productivo, destacan los 200 millones para explotaciones agrarias, los 175 millones para reparar infraestructuras agrarias y los 500 millones para retirar lodo acumulado y reparar las redes de agua de los municipios afectados.
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