Lisboa, 29 mar (EFE).- El ex presidente del Banco Internacional de Funchal (Banif (LS:BANIF)), Joaquim Marques dos Santos, admitió hoy que le sorprendió la liquidación del banco realizada el pasado diciembre.
"Me sorprendió", se limitó a decir el antiguo gestor de la entidad en su intervención ante la comisión parlamentaria que investiga la resolución del banco.
Marques dos Santos dijo que le pareció excesivo el montante de 1.100 millones inyectado por el Estado en la entidad en 2012 y explicó que, durante su mandato entre los años 2010 y 2012, "la viabilidad del banco nunca estuvo cuestionada".
Reconoció que una auditoría realizada entonces detectó necesidades de capital de 400 millones de euros, algo que atribuyó a un problema puntual, y no supo explicar la diferencia entre ese montante y el finalmente inyectado por el Estado.
"Lo siento, pero el banco no estaba quebrado", argumentó ante los diputados, que en los próximos días escucharán a más de medio centenar de personas sobre lo ocurrido.
Además de Marques dos Santos, está previsto que declaren otros tres ex presidentes del Banif ante esta comisión en la que están representados todos los grupos con presencia en la Cámara y que tiene como objetivo arrojar luz sobre una operación que supuso un coste millonario para las arcas públicas del país.
El banco, el más pequeño de las principales entidades lusas y que afrontaba una delicada situación financiera, llegó a encontrarse en riesgo de quiebra después de la publicación de informaciones sobre una hipotética intervención del supervisor luso, lo que provocó una fuga de depósitos y la caída en picado del valor de sus acciones.
Apenas unos días más tarde, en diciembre de 2015, el Banco de Portugal optó por liquidar la entidad, dividiéndola en tres partes y vendiendo la saludable al Santander (MC:SAN) a cambio de 150 millones de euros.
La firma española, además, recibió otros 2.000 millones de euros en concepto de garantías y para cubrir "contingencias futuras".
El coste total para el Estado luso se calcula que acabará por aumentar hasta alrededor de 3.000 millones de euros.
Para afrontar la operación, el Gobierno luso -de signo socialista- tuvo que aprobar un Presupuesto rectificado que recogiera este nuevo gasto, una votación en la que contó con el apoyo de los partidos conservadores, al contrario que sus socios de izquierda, que rechazaron la moción.