MADRID (Reuters) - El Gobierno español dio el viernes luz verde a dos futuras leyes que permitirán conocer la identidad de grandes morosos con la Hacienda Pública y de defraudadores al fisco, más de dos años después de anunciar por primera vez su compromiso a este respecto.
Con estas nuevas normas, que aún tardarán meses en ser aprobadas definitivamente, el Ejecutivo pretende potenciar la lucha contra el fraude y reforzar su imagen de transparencia en un momento de descrédito de la ciudadanía con la clase política en un año cargado de citas electorales.
Su paso por el Consejo de Ministros coincide con un nuevo escándalo que ha llevado al ex vicepresidente Rodrigo Rato a ser investigado por supuestos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes.
Tras la remisión a las Cortes del anteproyecto de la nueva ley tributaria, el Gobierno prevé publicar la primera lista de los mayores morosos de la Hacienda Pública, -con deudas y sanciones pendientes de ingresos superiores a un millón de euros- en el cuarto trimestre de este año.
El Ejecutivo confía en que el "descrédito y el reproche social" que supondría aparecer en un listado de estas características empuje a muchos a cumplir con sus obligaciones fiscales.
"En todos los países civilizados la confidencialidad de los datos tributarios es total. Ahora la vamos a levantar parcialmente en relación con la morosidad con la Hacienda Pública y los defraudadores", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Respecto a la otra lista, la de defraudadores, el Consejo de Ministros analizó un informe sobre el anteproyecto de ley orgánica que regulará el acceso a las sentencias en materia de fraude fiscal, por lo que aún no hay fecha prevista para su publicación.
Pese a anunciar iniciativas legales para ganar transparencia sobre los evasores, Montoro descartó la publicación de la lista de unas 700 personas investigadas por Hacienda a raíz de la amnistía fiscal de 2012.
El director de la Agencia Tributaria anunció en febrero en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que estaban investigando a 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía al existir indicios de que podían haber cometido un delito de blanqueo de capitales.
El año pasado, España recaudó 12.300 millones de euros por la lucha contra el fraude, un récord histórico. En lo que va de legislatura, los ingresos derivados de actuaciones de control tributario alcanzan los 34.785 millones.