San Juan, 14 oct (EFE).- El Gobierno puertorriqueño cargó hoy contra la jueza Laureana Pérez por validar el acuerdo de 2012 por el que el Departamento de Hacienda se comprometió a pagarle a Doral Bank los 229,8 millones de dólares que le reclamaba por el pago en exceso de impuestos.
La secretaria del Departamento de Hacienda, Melba Acosta, dijo hoy en declaraciones a medios locales que durante el juicio no se les permitió presentar toda la evidencia en su poder a los representantes de la agencia puertorriqueña.
Acosta, que dijo que no le extrañaba el dictamen de la jueza, recordó que durante el proceso judicial el Ejecutivo dispuso de escaso tiempo para presentar las pruebas de las que disponía.
"El reclamo base es que este juicio empieza con una demanda en la que básicamente ellos -la entidad bancaria- dicen que pagaron unas contribuciones y que ahora el Gobierno le debía un reintegro de 230 millones de dólares. A través del caso, se probó que eso no fue correcto. Que Doral no pagó esas contribuciones", dijo la funcionaria.
Acosta dejó claro que, en cualquier caso, sigue en marcha el plan del Ejecutivo de apelar el dictamen, hecho público el pasado viernes, que obliga al Gobierno a pagar los cerca de 230 millones de dólares al banco local.
"Aquí una Administración -en referencia al anterior Ejecutivo encabezado por Luis Fortuño- quiso darle un 'salvavidas' a un banco de 230 millones de dólares para que no cerrara en el 2012", destacó la funcionaria.
Acosta subrayó que eso es posible, pero que el cauce debía haberse hecho a través de legislación que estableciera de forma clara la prestación de esa cantidad a la entidad financiera.
"Hacienda no tiene una asignación presupuestaria y no puede pagarlo de lo que le llaman la reserva de reintegro, porque eso no es un reintegro. Ellos -Doral Bank- no pagaron", concluyó.
El secretario del Departamento de Justicia, Cesar Miranda, también se refirió hoy al asunto en unas declaraciones radiales en las que aseguró que la sentencia "no se ajusta a derecho" y que, además, en el juicio "no se valoró la prueba presentada" por el Gobierno.
Miranda destacó que está además bajo investigación la actuación en el caso del exsecretario de Hacienda Jesús Méndez, tras resaltar su extrañeza por el hecho de que el proceso entablado entre la pasada Administración y la institución bancaria no se siguieran los procedimientos usuales.
El propio gobernador Alejandro García Padilla también se pronunció sobre el caso, al asegurar a través de las redes sociales que "nunca es correcto regalar fondos públicos", además de asegurar que "cada centavo tiene que usarse para seguir creando empleos y bajar el crimen".
El activista socialista Carlos Fortuño Candelas calificó hoy a través de su programa radial Frecuencia Socialista a los directivos de Doral Bank de "ladrones contra el pueblo de Puerto Rico".
"Este atraco contra Puerto Rico ocurre justamente cuando al país atraviesa por la más profunda crisis fiscal de su historia moderna", dijo Fortuño Candelas.
Recordó que el acuerdo con Doral Bank fue firmado durante la Administración del exsecretario de Hacienda Jesús Méndez, que abandonaría poco después su puesto en el Gobierno para ocupar el cargo de vicepresidente de la entidad financiera.
El exsubsecretario de Comercio de EE.UU. durante el Gobierno de Clinton y actual asesor económico de Doral Bank, Robert Shapiro, dijo tras conocerse la sentencia la semana pasada que esperaba que el Gobierno de Puerto Rico "respete el fallo, el estado de derecho y pague a Doral el dinero al que tiene derecho".
"Por desgracia, parece que el gobernador García Padilla no ha acusado recibo. Las declaraciones respecto a que su gestión no se apegará en esta ocasión a la sentencia del tribunal ponen en alerta a los inversionistas en cuanto a la disposición del actual Gobierno de Puerto Rico de honrar sus compromisos", señaló Shapiro.
El Tribunal de Primera Instancia falló el pasado viernes a favor de Doral Bank en la disputa que mantenía con Hacienda a raíz de la anulación por parte de Hacienda de un acuerdo firmado entre ambas partes.
El Gobierno puertorriqueño se comprometió en 2012 a pagar casi 230 millones de dólares al banco puertorriqueño, el segundo de la isla por concesión de hipotecas, como reintegro por el pago en exceso de contribuciones por parte de la entidad financiera.
Hacienda dijo el pasado mayo que el banco había inflado sus cuentas entre 1998 y 2004 y que en realidad no merecía recibir esa cantidad.