Madrid, 1 dic (.).- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha acordado hoy relajar la senda de consolidación fiscal a las autonomías para el 2017, después de un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, que no ha convencido, sin embargo, a dos comunidades socialistas, la valenciana y la balear, ni a Cataluña.
Ha sido la primera reunión de esta legislatura de este órgano de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas, que ha presidido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en calidad de ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que ha estado acompañada por el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.
La senda de consolidación fiscal incluye un objetivo de déficit autonómico del 0,6 por ciento del PIB para 2017, una décima superior al que se planteó en la anterior reunión del CPFF, el 28 de abril pasado.
Se mantiene la meta fijada en abril para este año, del 0,7 por ciento, y que en el 2018 el déficit de las comunidades no supere el 0,3 por ciento, hasta llegar al equilibrio presupuestario (déficit cero) en el 2019.
Los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria son fruto de un acuerdo previo alcanzado entre el Gobierno y el PSOE, confirmado a Efe por fuentes socialistas, que han vinculado el pacto con un paquete de medidas más amplio, en el que se incluiría, una subida del salario mínimo interprofesional.
No obstante, el pacto no suponía un voto a favor del PSOE, sino sólo una abstención, que es la que han ejercido las autonomías gobernadas por los socialistas, excepto la Comunidad Valenciana y Baleares, que han votado en contra por considerar insuficiente el 0,6 por ciento.
De hecho, el consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, ha reclamado que el tope de déficit para el próximo año fuera del 1,4 por ciento, más del doble de lo aprobado y superior al 1,18 por ciento que, por su parte, ha pedido el vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, que también ha votado en contra.
Eso sí, Junqueras ha aprovechado el encuentro para transmitir a Sáenz de Santamaría y a Montoro la intención del Govern de Cataluña de celebrar un referéndum soberanista el próximo año.
Un tema sobre el que Montoro no ha querido pronunciarse después en rueda de prensa, con el argumento de que hoy sólo se trataba de hablar del equilibrio de las cuentas públicas.
Lo que sí ha valorado Montoro ha sido el acuerdo con el PSOE que ha permitido la aprobación del déficit, que supone un "equilibrio entre convencer y ser convencido", algo que, en su opinión, debe predominar esta legislatura para poder sacar adelante las iniciativas legislativas necesarias.
Su optimismo no ha sido compartido por el PSOE, cuyos negociadores han recalcado que el acuerdo sobre el objetivo de déficit o el de aumentar el salario mínimo interprofesional no anticipa ningún pacto o acercamiento sobre el proyecto de presupuestos generales del Estado ni sobre el techo de gasto.
Incluso han trasladado al Gobierno en las últimas conversaciones que, si el Ejecutivo no altera el techo de gasto previsto, su voto será en contra.
Con todo, la consejera de Hacienda de Andalucía, María Jesús Montero, ha dicho que el acuerdo alcanzado es una "llave" hacia otros posibles con el Gobierno, como puede ser el techo de gasto, pero "no el único".
Se han posicionado a favor del objetivo de déficit las cinco autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, cuya consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha celebrado la mayor flexibilidad, con la que suma 200 millones, mientras que Murcia ha asegurado que alcanzará el equilibrio pese a partir de una peor situación.
Además, han votado a favor Castilla y León y Galicia, así como Canarias, donde Coalición Canaria gobierna en coalición con los socialistas.
También se ha hablado en el Consejo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y, en este sentido, Sáenz de Santamaría ha emplazado a los consejeros a la Conferencia de Presidentes que se celebrará en enero, aunque por ahora sin fecha precisa.
Algunas comunidades, especialmente las gobernadas por el PSOE, han insistido en que se acometa esta tarea con "urgencia" para asegurar una adecuada financiación y prestación de los servicios públicos esenciales, que es algo que requiere una reforma "profunda" y no sólo medidas específicas, como la relajación del objetivo de déficit.
Muchas de ellas además se han quejado de que el ministerio de Hacienda no les haya dado información nueva para elaborar sus presupuestos autonómicos "con mayor rigor", por ejemplo el importe exacto de las entregas a cuenta, aduciendo que aún no están aprobadas las cuentas generales del Estado para 2017.
El CPFF ha fijado asimismo los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades para el trienio 2017-2019: el 24,1 % para 2017, el 23,6 % para 2018 y el 22,7 % para 2019.
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