Budapest, 30 dic (.).- El Gobierno rumano, formado por un tripartito de socialdemócratas, liberales y el partido de la minoría húngara, ha aprobado este lunes congelar los sueldos públicos, pensiones y becas para reducir el déficit presupuestario.
El decreto supone, entre otras cosas, que en 2025 se congelan los sueldos de los funcionarios, el impuesto sobre los dividendos aumentará del 8 % al 10 % y se eliminan ventajas fiscales en los sectores de la tecnología, la construcción y la agricultura.
El primer ministro, el socialdemócrata Marcel Ciolacu justificó las medidas por las exigencias de la Comisión Europea de "mantener el déficit presupuestario bajo control en 2025", afirmó Ciolacu.
La meta del Gobierno es reducir el déficit al 7 % en 2025, del actual 8,6 %, agregó el primer ministro, subrayando que "la ordenanza no es de 'austeridad' o de 'pobreza' como dicen en la televisión".
Rumanía está obligada a reducir su déficit por debajo del límite del 3 % del PIB -establecido por la UE- en un plazo de siete años, y el decreto de emergencia del gobierno refleja la necesidad de que las medidas fiscales entren en vigor antes de enero.
Ciolacu, que ya encabezó el anterior Gobierno aludió también a la difícil situación económica europea para justiciar las medidas.
Además de los sueldos públicos también se congelan pensiones, becas y una serie de subsidios a grupos desfavorecidos.
Otra medida supone que las horas extras de los funcionarios se compensarán exclusivamente con días libres.
Las medidas han desencadenado una oleada de críticas de estudiantes, empleados de servicios sociales, de los trabajadores en cárceles, policías y profesores.
Rumanía tuvo un 10 % de inflación en 2023 y se calcula que rondará el 5 % en 2024.
El descontento con los altos precios y la precariedad fue, según los analistas, uno de los motivos para la victoria del ultra prorruso Calin Georgescu en la primera ronda presidencial de finales de noviembre.
Las elecciones presidenciales fueron anuladas a principios de diciembre por el Tribunal Constitucional por indicios de injerencia rusa y financiación ilegal de Georgescu.
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