Madrid, 21 mar (.).- El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y carbonatadas anunciado por el Ejecutivo hace más de cuatro meses todavía no ha sido negociado con los partidos políticos y algunas fuentes parlamentarias creen que no llegará a aprobarse.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció el pasado mes de diciembre que el Gobierno promovería un proyecto de Ley sobre medidas impositivas a las bebidas carbonatadas para recaudar cerca de 200 millones de euros el próximo año, aunque sobre todo supondría un "instrumento de lucha contra la obesidad".
Sin embargo, el gravamen no ha sido todavía debatido con los grupos políticos del Congreso y fuentes parlamentarias afirman que "no parece que vaya a salir adelante" ante la falta de apoyo político, incluso dentro del PP.
Las mismas fuentes recuerdan que recientemente las Cortes de Castilla y León han rechazado, con la aprobación de una iniciativa presentada por el PP, la intención del Gobierno central de gravar el consumo de este tipo de bebidas, que en su opinión perjudica al sector remolachero sin ayudar a mejorar la salud pública.
El diputado autonómico del PP Óscar Reguera pidió al Ejecutivo central otro tipo de rebajas fiscales que incentiven el consumo de productos saludables y desde el Congreso se asegura que el PP se ha reunido con empresas azucareras de la Comunidad, que han rechazado frontalmente la tasa.
El sector remolachero de Castilla y León produce el 85 % del azúcar de España.
En contra de este impuesto se ha llegado a consensuar un manifiesto firmado por la Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias Asaja y Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG, las cooperativas agroalimentarias de la comunidad, Azucarera Ibérica y ACOR, y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE).
También Ciudadanos, el principal socio de Gobierno de Mariano Rajoy, ha anunciado en varias ocasiones que no apoyarán una subida de impuestos.