Madrid, 29 nov (.).- El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga ha abogado por subir las cotizaciones entre 1 y 2 puntos en vez de destopar de forma inmediata el sistema de la Seguridad Social, y ha apostado por que las pensiones sean financiadas con impuestos, específicos o no.
Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo que debate nuevas recomendaciones para garantizar el sistema público de pensiones, Ruesga ha señalado que para mejorar los ingresos al sistema debería buscarse a corto plazo un impuesto específico o bien figuras impositivas que ya existen como el gravamen de transferencias patrimoniales.
Ha recordado que algunos países han introducido un impuesto sobre las grasas, que afectan negativamente a la salud de las personas, y que podría vincularse a las pensiones.
Para este catedrático lo más eficaz a corto plazo sería subir las cotizaciones, lo que supondría un aumento de los costes laborales del entorno del 0,7 %, mientras que un destope de las cotizaciones máximas cargaría más los gastos de las Administraciones Públicas, que es donde están los niveles salariales más altos.
"Se recaudaría más con una subida de cotizaciones sociales de forma inmediata que destopando el sistema", ha señalado, tras añadir que un aumento de las cotizaciones más elevadas también presionaría esas prestaciones, lo que elevaría su gasto a medio plazo.
Ruesga también ha dicho que trasladar la financiación de las pensiones de viudedad y orfandad a los Presupuestos Generales no supondría un ahorro de gasto y sólo supone "pasar del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Hacienda" por lo que recomienda "no tocar de momento la estructura" de este tipo de pensiones.
"La estructura hay que pensarla un poco más. Se puede analizar, pero a corto plazo no va a añadir mucho y si ahorra algo afecta a unos derechos que están generados y son de tipo contributivo", ha incidido.
El experto económico ve mejor suprimir rebajas fiscales dentro del impuesto de sociedades, bonificaciones o reducciones, que -en su opinión- se han convertido en subvenciones a determinadas empresas o en subvenciones dirigidas a disminuir los costes salariales.
Ruesga ha sido muy crítico con las últimas reformas laborales y ha dicho que han afectado de forma directa al déficit de la Seguridad Social.
"No es baladí añadir que ha sido por la devaluación de los salarios y la aceleración del cambio en la estructura del mercado de trabajo y por el incremento del empleo temporal, a tiempo parcial y no voluntario", ha subrayado.
Ha advertido de que en 2017 el sistema necesita cubrir un déficit de entre 5.000 y 7.000 millones de euros y de que el Fondo de Reserva se agotará a mediados de 2017 y las últimas modificaciones en el sistema de Seguridad Social no serán suficientes.
En este sentido, ha subrayado que son necesarias adoptar medidas para 2017 y 2018 que no requieran un largo proceso legislativo por lo que ha afirmado que "lo más eficaz" es utilizar los Presupuestos Generales del Estado para introducirlas.
A largo plazo, ha cifrado entre 3 y 4 puntos del PIB, entre 35.000 y 40.000 millones de euros, la necesidad de ingresos que tiene el sistema, teniendo en cuenta que en 2022 se intensificarán los problemas demográficos y para mantener el mismo nivel de pensión actual.