Atenas, 2 dic (.).- El Gobierno griego y sus acreedores siguen tratando al menos de acercar posturas en los temas pendientes de la negociación, si no fuera posible alcanzar un acuerdo técnico, antes del lunes, lo que permitiría al Eurogrupo tomar decisiones más firmes sobre el alivio de la deuda helena.
El ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, declaró hoy, ante el grupo parlamentario de Syriza, que "Grecia cumplió con sus obligaciones (previstas en el programa de rescate) y es la hora de que los demás (los acreedores) cumplan con los suyos respecto a la deuda".
Tsakalotos respondió además a la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para medidas de austeridad adicionales e inmediatas, de un valor total de 4.200 millones de euros, necesarias, a su juicio, para conseguir un superávit primario de 3,5 % del PIB a partir de 2018, previsto en el programa de rescate.
Según el Gobierno hay también acercamiento de posturas sobre las necesidades financieras para conseguir estos objetivos del programa en 2018, que los acreedores estimaban inicialmente en 600 millones de euros más que las previsiones del Ejecutivo.
El Gobierno griego desde hace tiempo afirma que no aceptará medidas que no formen parte del tercer programa de rescate, firmado el verano de 2015.
El ministro de Finanzas aseguró a los diputados de Syriza que a pesar de las discrepancias con los acreedores el acuerdo es inminente, pues "la mayoría de los actores quieren una solución, no una crisis", aseguró.
Según el portal informativo Capital.gr, que cita fuentes de los acreedores europeos, el Eurogrupo podría tomar decisiones sobre la deuda griega que se aplicarían al llegar a un acuerdo sobre los requisitos pendientes.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, destacó ayer la necesidad de trabajar hasta el ultimo minuto para lograr un acuerdo técnico, aunque reconoció que el Eurogrupo de este lunes "podría no ser conclusivo".
No se excluye, por tanto, que los representantes de los acreedores puedan volver a Atenas en diciembre e, incluso, que se convoque un Eurogrupo extraordinario antes de Navidad.
Además de las medidas de austeridad que exige el FMI, cuya participación en el programa no está cerrada, sigue pendiente el tema de la reforma laboral, que al inicio de la evaluación era considerado como el fleco más importante.
Mientras el Gobierno quiere restablecer los convenios colectivos, eliminados en 2012 en el marco del segundo plan de rescate, las instituciones acreedoras lo rechazan y piden más liberalización de los despidos colectivos.
La ministra de Trabajo, Efi Ajtsíoglu, destacó anoche que "en el Eurogrupo habrá un debate crucial sobre los temas laborales, porque se trata de un tema político que no puede ser resuelto a nivel técnico".
Por otro lado el Gobierno presentará cuanto antes en el Parlamento el borrador de una ley escoba que cumple con varios de los requisitos restantes de la segunda evaluación, dos de los cuales aún no están acordados con los acreedores: los incentivos fiscales para incrementar el uso de dinero plástico y la tasa impositiva a ingresos no declarados en el pasado que los contribuyentes declaren voluntariamente.
Uno de los requisitos ya cerrados es la regulación los pisos alquilados por cortos periodos de tiempo, a través de plataformas como Airbnb.
El borrador prevé que los propietarios deberán declarar esta actividad a Hacienda y sus ingresos pagarán los mismos impuestos que los demás ingresos por alquileres.