Los inversores en bonos soberanos de mercados emergentes están tomando medidas proactivas para eludir posibles limitaciones de la propuesta legislación sobre deuda soberana de Nueva York. En respuesta a los proyectos de ley que podrían limitar las recuperaciones de los acreedores y prescribir una fórmula para los pagos de reestructuración, se están incorporando cláusulas que permiten cambios jurisdiccionales para la resolución de disputas en nuevos acuerdos de bonos.
Una de estas cláusulas está pendiente en un acuerdo de bonos de Sri Lanka, mientras que otra se incluyó en un acuerdo de Surinam el año pasado. Estas cláusulas permiten a los tenedores de bonos votar sobre el cambio de jurisdicción, con la disposición de Sri Lanka requiriendo solo el 20% de los tenedores de bonos para iniciar dicha votación, y sin otorgar al gobierno una opción de veto. En contraste, la cláusula de Surinam permite una votación del 50% de los tenedores de bonos pero otorga al país el poder de vetar el cambio de jurisdicción.
Los cambios propuestos en la ley del estado de Nueva York han generado preocupación entre las firmas financieras, argumentando que las medidas podrían aumentar los riesgos y costos tanto para inversores como para prestatarios.
La legislación, que no ha sido aprobada en los últimos dos años, tiene como objetivo simplificar el proceso de incumplimiento y aliviar las cargas de negociación de las naciones endeudadas. Sin embargo, los inversores temen que las pérdidas forzadas podrían ser insostenibles para los acreedores privados, a diferencia de sus contrapartes gubernamentales.
El debate sobre la equidad de la deuda se ha intensificado tras los incumplimientos en países como Zambia, que pasó por un proceso de reestructuración de tres años.
Los defensores de la justicia de la deuda apoyan los proyectos de ley de Nueva York, pero los inversores son cautelosos sobre las implicaciones. El Banco Mundial ha destacado una "crisis de deuda silenciosa", con los costos de servicio de la deuda de las naciones emergentes que se espera alcancen los 400.000 millones de dólares este año.
Expertos legales y funcionarios de la ONU, como Rebeca Grynspan, Secretaria General de la agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU, enfatizan la necesidad de equilibrio en la legislación para evitar alejar al sector privado de instrumentos de deuda beneficiosos.
Aunque las disposiciones legales más recientes, incluidas las cláusulas de desastres naturales, ya ofrecen cierta protección, el sector privado podría buscar jurisdicciones alternativas si se regula en exceso.
La transferencia de jurisdicción de Nueva York a la ley inglesa se considera factible debido a los sistemas legales establecidos en ambas ubicaciones que son adeptos a manejar incumplimientos de deuda soberana.
Sin embargo, crear un nuevo régimen de reestructuración sin una base de leyes establecidas y jueces experimentados sería un desafío, según Andrew Wilkinson, socio senior de reestructuración en el bufete de abogados Weil Gotshal.
Reuters contribuyó a este artículo.
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