Madrid, 14 mar (.).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que España está disfrutando de una sólida recuperación económica gracias a las reformas estructurales implantadas en los últimos años, pero alerta de que la escasa productividad hace que ese crecimiento sea excluyente.
"La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad", dice la organización en el informe "Estudios económicos de la OCDE: España 2017".
En este sentido, avisa de que la elevada proporción de desempleados de larga duración y la falta de empleo de calidad dificulta un crecimiento más inclusivo que permita un aumento del nivel de vida de toda la ciudadanía.
Según el informe, los bajos niveles de productividad de la economía española reflejan la falta de formación de la población, la excesiva dependencia de los trabajadores temporales, la insuficiente innovación empresarial y las barreras existentes para crear y hacer crecer una empresa.
Por ello, la OCDE reclama a España que refuerce la formación y la asistencia en la búsqueda de empleo y que mejore la protección social con un mayor apoyo en materia de ingresos mínimos, en especial para las familias pobres con niños.
Para mantener el ritmo de crecimiento actual e incrementar el nivel de vida, la organización ve necesario que se sigan haciendo reformas que mejoren el potencial de crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta que con una deuda pública de entorno al 100 % del PIB y el déficit en valores cercanos al 5 % el margen de expansión fiscal es limitado.
El organismo espera que la economía española avance a un ritmo anual superior al 2 % en 2017 y 2018 gracias a la firmeza del consumo y a la continua mejora del empleo, pese a los riesgos que supone tener un Gobierno en minoría parlamentaria y a las incertidumbres exteriores, como el "brexit", los eventuales enfrentamientos comerciales a escala mundial o el deterioro del sistema bancario europeo.
Entre las reformas pendientes señala que hay que liberalizar el sector de los servicios profesionales -una reforma prevista por el Gobierno pero paralizada-, avanzar en la aplicación de la ley de unidad de mercado para poner coto a la fragmentación regulatoria y seguir fomentando el convenio colectivo de empresa sobre el sectorial.
Además, reclama una justicia civil eficiente, procedimientos concursales ágiles y que se revise el régimen de insolvencia personal para acortar el periodo durante el cual los empresarios en quiebra están obligados a devolver las deudas pasadas.
También apuesta por mejorar el acceso a las bonificaciones fiscales a la investigación y el desarrollo (I+D), un sistema que encuentra "generoso" en comparación con el contexto internacional pero complejo por los requisitos administrativos que conlleva, al tiempo de que incide en la elevada fuga de investigadores cualificados.
En el plano educativo, sugiere mejorar la formación universitaria y en el puesto de trabajo del profesorado, así como continuar con la modernización de la formación profesional para que las competencias enseñadas se correspondan con las habilidades que demanda el mundo empresarial.
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