París, 14 dic (.).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Asociación Internacional de Colegios de Abogados (IBA) anunciaron hoy un proyecto común para elaborar normas y prácticas profesionales contra la corrupción para los que trabajan en estructuras comerciales internacionales.
La OCDE y el IBA indicaron en un comunicado conjunto que han decidido crear un "grupo de estudio" que se encargue de elaborar esos nuevos estándares internacionales, en respuesta al escándalo de los Papeles de Panamá publicados en abril con documentos del gabinete Mossack Fonseca que ayudaba a miles de clientes a crear sociedades opacas para ocultar activos al fisco o a otros controles.
Con esta iniciativa, se trata de afrontar las demandas de "numerosos Estados" que abogan por "una mayor transparencia en esas transacciones" y por que los abogados se las señalen en algunos casos, pero también tener en cuenta las "obligaciones profesionales de confidencialidad hacia sus clientes".
El grupo de estudio, según sus promotores, tiene el objetivo de "elaborar orientaciones aplicables a la constitución de estructuras comerciales internacionales velando por el respeto de las reglas de confidencialidad de los abogados y por los principios fundamentales de la profesión jurídica".
Lo integrarán abogados y expertos en deontología, fiscalidad, lucha contra el blanqueo y la corrupción o servicios financieros, y estará dirigido por el director de asuntos jurídicos de la OCDE, Nicola Bonucci, y por el que será presidente del IBA a partir del 1 de enero, Martin Solc.
Entre las cuestiones que examinará se encuentra el papel de los profesionales juristas en la acción contra la corrupción, el fraude fiscal, el blanqueo y la financiación del terrorismo teniendo en cuenta sus obligaciones profesionales y la preservación de las normas de derecho.
Un aspecto delicado será establecer qué comportamiento deberán adoptar cuando un cliente, pese a las advertencias del gabinete de abogados, se embarque en actividades que pueden ser lícitas en un país pero ilícitas en otro.
También determinar el uso de informaciones obtenidas de forma irregular y a qué responsabilidades se exponen los abogados que infrinjan la obligación de confidencialidad hacia sus clientes.
Otra parte del trabajo será proponer medidas a los poderes públicos para aumentar la transparencia de operaciones controvertidas, pero respetando el secreto profesional y la regla de la confidencialidad profesional.