Madrid, 21 dic (.).- El Gobierno y el PSOE han firmado hoy un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", aunque esta medida será definida en un plazo de tres meses, durante su desarrollo reglamentario.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha señalado que el Real Decreto Ley define además la nueva financiación del bono social eléctrico, que será al 100 % por parte de las empresas comercializadoras y ha puntualizado que el bono no se extiende al gas y sólo se refiere al suministro eléctrico.
"Hay buena posibilidades de que este decreto sea aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que durante el desarrollo del reglamento se estudiará que el bono social esté ligado a la rentas y a los ingresos y pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores "extremadamente vulnerables".
En este sentido, ha añadido que a lo largo de tres meses, una vez convalidado ya el decreto ley, se definirán mediante normas las limitaciones a los cortes de suministros eléctricos y se establecerá que una parte de los impagos procedentes de hogares pobres sean abonados también por los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas.
En este sentido, Nadal ha confiado en la "generosidad" de las corporaciones locales y autonómicas para que puedan duplicar sus recursos frente a las facturas no pagadas y para que se alcance un acuerdo cuanto antes.
El real decreto también incluye una comparativa para que el consumidor pueda conocer las opciones de las diferentes comercializadoras de electricidad y así mejorar las prácticas de estas compañías.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que se trata de una reforma estructural importante y de "un buen acuerdo para las familias más vulnerables ya que ataca la pobreza energética".
También ha pedido a Ciudadanos y al resto de fuerzas políticas que lo apoyen durante su convalidación en el Congreso.