Bruselas, 8 jul (.).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea alertó este lunes de la cantidad de errores que existen "a todos los niveles" en la ejecución de fondos de cohesión y de que los controles actuales para evitarlos tanto a nivel nacional como europeo "no son rigurosos".
El nuevo informe de los auditores europeos, que analiza operaciones realizadas entre 2017 y 2022, señala que "el gasto de cohesión en su conjunto está significativamente afectado por errores", al tiempo que denuncia que los controles de la Comisión Europea y de los Estados miembros para prevenirlos "siguen siendo deficientes en todos los niveles".
El informe advierte, no obstante, de que el nivel de error estimado "no es un indicador de fraude, ineficacia o despilfarro, sino una estimación de los fondos que no se utilizaron conforme a las normas nacionales y de la UE".
La Política de Cohesión engloba tres fondos principales, que son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión. Juntos ascendían a 409.000 millones de euros, un tercio del presupuesto para el periodo 2014-2020, dentro del cual se enmarca la auditoría realizada por este organismo (que llega a 2022 porque los países tienen tres años adicionales para gastar los recursos).
Sin embargo, los nueve países que absorben tres de cada cuatro euros de la Política de Cohesión (Polonia, Italia, España, Portugal, Hungría, República Checa, Rumanía, Grecia y Alemania) aglutinaron en los cinco años del estudio el 91 % del error estimado por el Tribunal de Cuentas.
Dentro de este grupo, el informe apunta directamente al porcentaje "desproporcionado" de errores que ha detectado en España, Portugal y Alemania y que no habían sido comunicados anteriormente por las autoridades nacionales.
En el caso de España, el texto pone el ejemplo de la Garantía Juvenil con la que se pretendía impulsar la contratación de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban a través de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social a cargo de las empresas.
Tres de las cuatro operaciones auditadas de este programa en 2021 se registraron con carácter retroactivo en el sistema nacional y "sin ningún conocimiento de los participantes", lo que "impidió validar su admisibilidad por no estar recibiendo educación o formación". En consecuencia, el informe señala que estas tres operaciones no deberían haber optado a financiación europea.
A nivel comunitario, los auditores europeos apuntan a un porcentaje de errores del 4,8 %, lo que supone 1,2 puntos menos que el detectado para el periodo presupuestario anterior pero todavía por encima del umbral del 2 % que marca la legislación, un límite que se ha sobrepasado todos los años analizados y que incluso alcanzó el 6,7 % en 2022.
Por otro lado, el informe señala que los gastos y proyectos que no deberían haber recibido subvención fueron el tipo de error más frecuente y con más repercusión, por delante del incumplimiento de las reglas sobre ayudas públicas y las normas sobre contratación publica, tanto nacionales como europeas.
El Tribunal de Cuentas de la UE también identifica en el texto tres causas "esenciales" de los errores, que son una administración inadecuada por parte de las autoridades de los Estados miembros, falta de diligencia o presuntas infracciones intencionadas de las normas por parte de los beneficiarios y interpretaciones erróneas del marco normativo.
Las dos primeras "líneas de defensa" contra los errores son las autoridades de gestión y de auditoría designadas por los Estados miembros, que podrían "detectar y prevenir un mayor número de errores".
No obstante, los auditores también cargan contra los organismos ejecutivos de la UE, a quienes culpa de subestimar el nivel total de gasto irregular y también de no utilizar de manera óptima las herramientas a su disposición "para instar a los Estados miembros a mejorar su gestión y sus sistemas".
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