Atenas, 14 abr (EFE).- El ministro griego de Trabajo, Panos Skurletis, rechazó hoy la posibilidad de aceptar la liberalización completa de los despidos en el sector privado y la reducción de las pensiones, dos de las principales exigencias de los acreedores para desbloquear la financiación de Atenas.
"Prometimos al pueblo que no habrá reducción alguna de las pensiones, tampoco la liberalización completa de los despidos. Se trata de las líneas rojas del Gobierno en las negociaciones", destacó Skurletis.
El ministro de Trabajo calificó de "difícil" la negociación entre el Gobierno y sus acreedores, pero expresó su optimismo de que al final habrá "un compromiso honesto" entre las partes.
El ministro adjunto de Finanzas, Dimitris Mardas, no fue tan categórico en su rechazo a la demanda de las instituciones (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) de incrementar el impuesto del IVA.
"Hay una negociación en curso y solo los que participan en ella saben exactamente donde están las cosas. Puedo asegurar que por nuestra parte no es negociable el incremento del IVA en productos farmacéuticos y en alimentación", destacó.
No mencionó qué ocurrirá con los sectores de hostelería y restauración, donde también se aplican tasas reducidas del IVA y cuyo aumento piden las instituciones.
A la subida del IVA en el sector hostelero se oponen los empresarios del turismo, que consideran que provocaría la reducción de las llegadas de extranjeros a Grecia.
Skurletis negó también que el Gobierno acepte una reducción de las pensiones, otro de los principales escollos en las conversaciones.
La introducción de la regla de "déficit cero" para las cajas de pensiones, que conduciría a reducciones automáticas de las pensiones a partir de 2015, fue uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno anterior del conservador Andonis Samarás y las instituciones que conformaban la troika.
El Ejecutivo de Samarás tampoco quiso aceptar la liberalización completa de los despidos y el aumento del IVA en estos sectores.
La falta de acuerdo provocó la interrupción de la quinta evaluación del segundo plan de rescate, acordado en 2012.
Cuando Syriza llegó al Gobierno a finales de enero reanudó las negociaciones que habían quedado en punto muerto para tratar de consensuar las reformas necesarias -pues se negaba a aplicar las acordadas entre los socios y el Ejecutivo anterior- y lograr el desembolso de los 7.200 millones que quedan pendientes del segundo rescate.