París, 14 nov (EFE).- El gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, dijo que "no vería ningún problema" en que el Banco Central Europeo (BCE) compre deuda pública si su política actual dejara de ser efectiva para mantener unos tipos bajos o hubiera un nuevo choque económico.
"No vería ningún problema en que el BCE compre otros activos, y si fuera necesario títulos de Estado, si por ejemplo subieran los tipos en la zona euro por el ajuste de la política monetaria en Estados Unidos en 2015", indicó Noyer en una entrevista publicada hoy por "Les Echos".
También estaría justificado "si la economía de la zona (euro) sufriera un nuevo choque desfavorable y se retrasara", añadió.
El BCE ha reiterado en las últimas dos semanas que si las medidas adoptadas hasta ahora -nuevas inyecciones de liquidez a cuatro años y las compras de deuda privada- no fueran suficientes, su Consejo de Gobierno (del que forma parte Noyer) está decidido a recurrir a otros dispositivos "no convencionales", de decir, la adquisición de deuda soberana.
El gobernador del Banco de Francia consideró que lo que el BCE ha puesto en marcha "están adaptadas" y "ya producen resultados", en la medida en que los tipos de interés que se paga por la deuda pública ha bajado y eso ha favorecido la revalorización de las acciones y obligaciones, lo que "crea un efecto de riqueza".
Además, -añadió- "se ha reducido significativamente la fragmentación de las condiciones de financiación entre países de la zona euro".
Noyer hizo notar que en la eurozona "los países que han realizado reformas de estructura, como España, Irlanda o Portugal, empiezan a recibir dividendos".
Por eso estimó que también se tienen que hacer en Francia, donde "la orientación es buena" por la disminución del déficit estructural, "pero el ritmo es insuficiente".
A su juicio, se podrían obtener efectos positivos a corto plazo con medidas como "una clara liberalización del trabajo los domingos o la reducción acelerada de las reglamentaciones que frenan la construcción de viviendas".
A medio plazo, abogó por una reforma del mercado laboral que implique revisar los mecanismos de indexación del salario mínimo, dar más margen a los interlocutores sociales para negociar, derogar la duración legal del tiempo de trabajo o flexibilizar las reglas de despido.