Madrid, 7 feb (.).- El presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, ha pedido reactivar el Plan de pensiones de los empleados públicos, que se suspendió en 2011, para impulsar también los planes de empresa que están "estancados".
Martínez-Aldama ha comparecido hoy en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y ha abogado por un sistema mixto que combine el modelo de reparto de la Seguridad Social y el de capitalización.
"Es la mejor fórmula para hacer más resistente el sistema de pensiones", ha argumentado, tras señalar que en 21 de los 33 países más desarrollados del mundo, la capitalización tiene una presencia importante en el sistema de pensiones "y no meramente testimonial como en España".
Ha negado que el debate se encuentre en el previsible agotamiento del Fondo de Reserva en 2018, ya que no significa que el sistema no tenga recursos para pagar las prestaciones, puesto que la principal vía de ingresos proviene de las cotizaciones, y ha incidido en que "lo que está en duda es el nivel de prestaciones que se pueda proveer a partir de 2030".
En este sentido, ha añadido que aumentar las cotizaciones sociales para incrementar los ingresos supone efectos adversos sobre el coste de factor trabajo con un elevado nivel de desempleo.
El presidente de Inverco ha recordado las últimas reformas en el sistema de pensiones y ha recordado que 14 países europeos exigen para cobrar la pensión pública máxima un número mínimo de 40 años de cotización.
Ha destacado que en Finlandia se exija toda la vida laboral, en Holanda 50 años de cotización, en Alemania, 45 y en Reino Unido, 41 años.
"El sistema público en España está proveyendo de pensiones públicas que no son bajas en comparación a los países europeos, y después de Luxemburgo y Noruega, España es el país europeo con importes nominales de pensión máxima y mínima más altos", ha puntualizado.
Además, ha criticado que en España haya más incentivos fiscales a la inversión en inmuebles que al ahorro financiero y ha negado que los planes de pensiones generen gastos fiscales o pérdida de recaudación a la hacienda pública.
Así, para que España se acerque a un sistema mixto, como hay en la media de los países europeos, ha propuesto que se restablezca la deducción del 10 % en el Impuesto de Sociedades, eliminada en 2007, a aquellas empresas que aporten a planes de pensiones a sus trabajadores.
Propone también restablecer la exclusión en la base de cotización de la Seguridad Social del importe de las aportaciones de las empresas a planes de pensiones, que desde 1987 y hasta 2013, nunca estuvieron incluidas en la base de cotización y que -ha dicho- significa un incremento del 29 % del coste a las empresas.
Además, aconseja simplificar la legislación actual para promover planes en las pymes y ha instado al Ministerio de Empleo a enviar la comunicación de la pensión estimada a los trabajadores para que "puedan tomar decisiones de ahorro o de consumo y para disipar dudas sobre la hipotética sostenibilidad del sistema de pensiones".
Ha asegurado que el largo período transitorio, hasta que en 2027, entren plenamente en vigor todas las reformas aprobadas, "no ayuda a los trabajadores actuales a percibir el impacto de las mismas en su futura pensión".