Madrid, 3 nov (.).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha optado por dar continuidad al área económica de su Ejecutivo, al mantener al ministro de Economía, Luis de Guindos, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro, si bien el primero ha sumado competencias, mientras que el segundo las ha visto disminuidas.
De Guindos asume también Industria, una cartera que ya tenía en funciones desde que José Manuel Soria se vio obligado a dimitir tras aparecer algunas de sus empresas vinculadas a paraísos fiscales, en tanto que Montoro pierde la parte de Administraciones Públicas, que pasa al Ministerio de la Presidencia, aunque se queda a cargo de la Función Pública.
Repiten también Fátima Báñez en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social e Isabel García Tejerina en el de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente.
Los únicos nombres nuevos son el de Íñigo de la Serna en Fomento y el de Álvaro Nadal en Energía, Turismo y Agenda Digital, si bien este último ya formaba parte del círculo de asesores más cercano a Rajoy como jefe de la Oficina Económica de La Moncloa.
El presidente ha decidido mantener en lo fundamental un equipo económico que considera que ha llevado a cabo una buena labor para sacar al país de la crisis y para recuperar el crecimiento y el empleo.
No obstante, todos ellos se enfrentan a una Legislatura difícil en la que la economía frenará su avance, aunque seguirá creciendo por encima de la media europea, y en la que cualquier reforma requerirá negociar los apoyos necesarios para poder sacarla adelante en un Congreso sin mayoría absoluta.
La primera prueba serán los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que tendrán que incluir ajustes fiscales de entorno a 5.500 millones de euros para poder cumplir con el déficit del 3,1 % del PIB exigido por Bruselas.
La Comisión Europea ya ha pedido a España que le mande las cuentas a la mayor brevedad, una vez finalizada la situación de interinidad política que impedía al Gobierno en funciones tomar decisiones presupuestarias
Asimismo hay que afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica, que se quedó pendiente en la anterior Legislatura y en cuyas negociaciones no participará el Gobierno catalán, cuyas aspiraciones pasan por contar con una Hacienda propia.
En el mercado laboral sigue vigente el reto de reducir una elevada tasa de paro que solo es superada en Europa por Grecia y el de garantizar la sostenibilidad de un sistema de pensiones que necesita nuevas fuentes de financiación, una vez que la reserva de las pensiones esté prácticamente agotada.
También tendrá que proponer Báñez una solución para los interinos, después de que varias sentencias nacionales y europeas hayan considerado que hay que equiparar las indemnizaciones por despido entre este tipo de contratos y los indefinidos.
En el ámbito financiero, el desafío pasa por encontrar la mejor fórmula de recuperar las ayudas públicas a la banca y decidir si tiene sentido que se fusionen Bankia (MC:BKIA) y BMN, las dos entidades nacionalizadas.
En 2017 el Gobierno aspiraba también a reducir a cero su participación en Bankia, aunque a día de hoy parece complicado que pueda dejar de ser accionista de la entidad a corto plazo.
Nadal, que se responsabiliza de una cartera de la que se ha escindido Industria, deberá buscar un nuevo sistema de financiación del bono social eléctrico, después de que el Tribunal Supremo haya obligado a devolver a las compañías eléctricas los 500 millones que han aportado para permitir que los colectivos más vulnerables disfruten de un descuento del 25 % en el recibo de la luz.
De la Serna, por su parte, se encontrará sobre la mesa temas pendientes como la explotación de las autopistas de peaje en quiebra, la liberalización del sector ferroviario o la recuperación de la inversión en infraestructuras, bajo mínimos en los últimos años.
Para Tejerina, el trabajo pasa por cuestiones como la Política Agraria Común (PAC), la sostenibilidad agrícola y pesquera, los convenios de comercio internacional, la política de agua y los acuerdos mundiales en materia medioambiental.