Roma, 3 dic (.).- El Tribunal de Cuentas italiano considera que algunas de las medidas reactivas al uso de dinero en contante y al pago con tarjeta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni en sus primeros presupuestos, que están siendo tramitados en el Parlamento, "pueden ser incompatibles con el objetivo de lucha contra la evasión fiscal" propuesta por las autoridades europeas.
"Cabe señalar que el aumento del límite máximo de los pagos y, en particular, la no penalización de las negativas a aceptar pagos electrónicos de un determinado importe pueden ser incompatibles con el objetivo de lucha contra la evasión fiscal previsto en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR)", financiado con fondos europeos, según el presidente del Tribunal, Enrico Flaccadoro.
En particular, Flaccadoro destacó que podrían chocar contra la "Reforma de la administración fiscal", que en uno de sus puntos prevé medidas específicas destinadas a "luchar contra la evasión fiscal", durante una audiencia este viernes sobre el ajuste presupuestario presentado por el Ejecutivo de Meloni.
El Gobierno de Meloni introducirá en sus cuentas para 2023 una norma que permitirá pagar en efectivo cantidades de hasta 5.000 euros a partir del próximo enero (actualmente el límite está en 2.000 euros) y también aspira, según el borrador de los presupuestos, a aumentar el precio mínimo (de los 30 euros actuales a 60) por el que un comerciante podrá ser multado si no acepta un pago electrónico o con tarjeta.
"El Tribunal de Cuentas ha certificado que permitir que los comerciantes no utilicen el pago con tarjeta hasta 60 euros y que se paseen con los bolsillos llenos de billetes de hasta 5.000 euros es recesivo, porque además supone favorecer indirectamente la economía sumergida. El Gobierno y el Ministro de Economía están asumiendo una grave responsabilidad que pagaremos en los próximos años", dijo hoy el presidente del M5S, Giuseppe Conte,
La oposición de centroizquierda de Italia ha estado presionando al Gobierno de Meloni para que no limite las multas a los comercios que no acepten pagos con tarjeta, al considerar que frenará la lucha contra el dinero "negro", en un país donde en 2019 la evasión fiscal ascendió a 99.200 millones de euros, de acuerdo con el último Documento de Economía y Finanzas del Ejecutivo.
La primera Ley de Presupuestos de la ultraderechista Meloni ha llegado al Parlamento para su tramitación, eventual enmienda y aprobación antes del próximo 31 de diciembre, tal y como exigen las autoridades de la Unión Europea.
El problema es que las multas fueron incluidas por el Gobierno anterior, presidido por Mario Draghi, en el millonario PNRR como un compromiso en la lucha contra la economía sumergida y en Roma preocupa el parecer de Bruselas.
El Gobierno anunció el pasado día 28 que había "en curso conversaciones" con la Comisión Europea "de cuyos resultados se rendirá cuenta durante la tramitación" de los presupuestos.