Nueva York, 11 ene (EFE).- Las agencias estadounidenses Fitch y
Moody's coincidieron hoy en que el enfrentamiento político que vive
Argentina sobre el uso de las reservas para pagar la deuda pública
pendiente genera una inestabilidad que, de prolongarse, podría
afectar a su calificación.
"El intensificado conflicto entre el Gobierno de la presidenta
Cristina Fernández y el presidente del Banco Central, Martín
Redrado, ha generado una incertidumbre que, si se prolonga, podría
minar en un futuro la credibilidad soberana, fiscal e
institucional", advirtió Fitch en un comunicado.
El responsable de esa agencia para asuntos de deuda soberana,
Casey Reckman, apuntó que "la continuada erosión de la credibilidad
macropolítica y la intensificación de las tensiones políticas
podrían acarrear implicaciones negativas para la calificación de los
bonos argentinos".
El Gobierno argentino impulsó a través de un decreto la creación
del denominado "Fondo del Bicentenario", que habilita el uso de
6.569 millones de dólares de las reservas monetarias del Banco
Central para el pago de deudas soberanas de este año.
Sin embargo, la jueza María José Sarmiento suspendió el pasado
viernes el decreto que creaba ese fondo, así como el que cesaba en
su cargo a Redrado, quien había sido destituido el jueves por
negarse a usar las reservas para pagar deudas.
La jueza alega que es el Parlamento el que tiene potestad para
decidir sobre la utilización de reservas monetarias, así como
también sobre la destitución del titular del Banco Central, y no la
Presidencia del país.
"La creación de ese fondo podría ser interpretada como un apoyo a
la voluntad del Gobierno de atender sus obligaciones a corto plazo",
apuntó Reckman, aunque en opinión de Fitch, al igual que la
nacionalización del sistema de pensiones, "esta estrategia es otro
medio no tradicional de evitar los ajustes necesarios en la política
fiscal" del país.
El analista cree que "el recrudecimiento de este conflicto, que
ahora afecta también a las ramas judicial y legislativa, sugiere que
las conjeturas políticas probablemente seguirán interfiriendo en la
política económica".
"Pese a condiciones económicas más favorables, 2010 podría estar
cargado de batallas políticas, en la medida en que el Gobierno y la
oposición intentan posicionarse en un Congreso dividido y de cara a
elecciones generales en 2011", explicó.
En un sentido similar se pronunció hoy el analista de Moody's
Gabriel Torres, quien aseguró en un escrito que la "crisis
institucional" en Argentina ha causado "un estancamiento legal" que
es "un indicador más de la debilidad del marco legal argentino y
añade expectativas de que la confusión política continuará".
"Sin embargo, esto no empeora la calidad crediticia del país",
puesto que "la calificación B3 de Argentina ya es una de las más
bajas de todos los estados evaluados", explicó.
En cualquier caso, el analista de Moody's advirtió de que "el
impacto potencial de la crisis en otras medidas políticas, como la
propuesta del Gobierno de resolver su actual deuda impagada, podría
generar preocupaciones crediticias en un futuro".
"Las instituciones débiles son algo común entre los países con
baja calificación", recordó Torres, quien explicó que la
calificación que Moody's concede a la deuda argentina "ya tiene en
cuenta una elevada volatilidad política".
Por ello, opinó que "la mayor preocupación ahora no es la
intención de utilizar las reservas (lo que en definitiva supone
pagar la deuda) o incluso el teatro político que ha generado todo
esto".
"Argentina necesita resolver las cuestiones pendientes, como el
impago de deuda, que siguen elevando la preocupación sobre su
intención de pagar", insistió el analista.
En ese sentido, afirmó que si la voluntad de pagar la deuda
emitida se desbarata por la actual crisis política, "las opciones de
financiación podrían convertirse en algo problemático a lo largo de
este año".
Este conflicto estalló en momentos en que Argentina se prepara
para ofrecer una refinanciación de bonos en mora por 20.000 millones
de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración
de 2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de
la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares). EFE