La Paz, 5 may (EFE).- El Gobierno del presidente Evo Morales
prometió hoy una compensación "justa" a los inversionistas
extranjeros y bolivianos de cuatro compañías eléctricas
nacionalizadas el fin de semana pasado, que anunciaron batallas
legales por sus indemnizaciones.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro,
anunció que la compensación será de unos 50 millones de dólares en
total, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros
encabezado por Morales.
Dos de las expropiadas son Corani, participada en un 50 por
ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF
Suez, y Guaracachi, en la que la británica Rurelec PLC detentaba
igualmente la mitad de las acciones.
También fueron nacionalizadas la generadora Valle Hermoso, en la
que un 50 por ciento pertenecía a The Bolivian Generating Group, de
la empresa Panamerican de Bolivia, que también tiene inversionistas
extranjeros, y la cooperativa de distribución de energía Elfec, de
la ciudad de Cochabamba (centro).
Según la ministra, una valoración "preliminar" de las acciones
nacionalizadas a extranjeros establece un precio de 50 millones de
dólares en total, cifra "sujeta a revisión y a información que
presenten las tres empresas".
El caso de Elfec, que tiene como socios a sus trabajadores
bolivianos y a una firma telefónica de Cochabamba, sin capital
extranjero, será negociado en otros términos, que no fueron
especificados por la ministra.
"Hay una valoración de lo que son las acciones de las empresas y
el Gobierno va proceder con el reconocimiento justo de las mismas.
Tenemos una estimación, se han iniciado las negociaciones y se va
hacer la compensación", dijo Caro.
A su juicio, las compañías extranjeras sólo podrán plantear un
proceso de arbitraje contra Bolivia si finalmente no se llega a un
acuerdo económico.
La nacionalización de las acciones de Corani y Guaracachi ha
causado protestas de sus casas matrices y de los Gobiernos de Gran
Bretaña y Francia, sobre todo por la forma como se produjo la
intervención el pasado 1 de mayo.
Tropas del Ejército y unidades de la Policía con arreos de
combate tomaron las plantas eléctricas, en tanto que fiscales y
policías ocuparon las oficinas de las empresas, que hoy están a
cargo de nuevos ejecutivos designados por la Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE, estatal).
Rurelec calificó de "sorprendente" la medida, "pese a las
garantías dadas a los embajadores británico y francés de La Paz" en
días anteriores, y recordó que desde que desde que Morales llegó al
poder en 2006 ha invertido "más de 110 millones de dólares en nueva
capacidad" de generación.
El embajador británico en Bolivia, Nigel Baker, expresó a la
prensa su "decepción" por la nacionalización y la forma en que se
llevo a cabo, después de que Morales asegurara que "las inversiones
europeas, incluyendo las británicas, eran tanto bienvenidas como
requeridas".
El grupo energético francés GDF Suez afirmó, de su parte, que
respeta la decisión de Morales de nacionalizar de Corani, pero
anunció que "defenderá sus intereses" a la hora de determinar las
indemnizaciones.
El Gobierno francés, accionista de GDF Suez con el 35,7%, también
pide una indemnización rápida y "adecuada" por Corani.
La indemnización debe calcularse sobre el "valor real de la
inversión en la fecha de la expropiación", conforme al acuerdo
franco-boliviano que trata de esa cuestión, dijo el martes el
ministerio francés de Exteriores.
Desde enero de 2006, cuando llegó al poder con una alianza de
movimientos izquierdistas, populistas e indigenistas, Morales ha
nacionalizado o expropiado 13 empresas, incluyendo las últimas
cuatro eléctricas del 1 de mayo.
Desde entonces, solo ha alcanzado acuerdos de indemnización o
compra de acciones con la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña
Petrobras y un consorcio formado por Shell y Ashmore, en el marco de
la nacionalización petrolera.
Por contra, Bolivia tiene demandas de arbitraje de la telefónica
italiana Telecom, de la anglo-argentina Pan American Energy, del
grupo BP, y de un consorcio de hidrocarburos formado por socios
alemanes y peruanos.
Morales también ha expropiado dos fundidoras de la empresa suiza
Glencore, una en 2007 y otra el pasado fin de semana, y amenaza con
anular sus contratos en tres minas.
Glencore compró las concesiones y las fundidoras de una empresa
del ex presidente derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y
2002-2003), a quien Morales quiere extraditar desde EE.UU. para que
responda en un juicio por genocidio. EFE