Isabel Saco
Ginebra, 17 jun (EFE).- Después de una serie de vaivenes que
parecían interminables quedó aprobado hoy el acuerdo fiscal entre
Estados Unidos y Suiza para poner fin al escándalo de fraude fiscal
que involucró a la filial de UBS en el primer país, donde ayudó e
incluso incitó a ciertos clientes a evadir impuestos.
Las informaciones bancarias de 4.450 clientes del banco podrán
ser transmitidas cumpliendo el plazo establecido (19 de agosto) a la
autoridad fiscal estadounidense, que ha advertido que procesará a
los responsables de delitos impositivos con los datos que obtenga.
EEUU emprendió a finales de 2008, en plena crisis financiera, la
persecución de sus ciudadanos con cuentas escondidas para evadir
impuestos, una práctica de la que UBS fue cómplice, según confesaron
a la Justicia estadounidense sus propios gestores de fortunas
involucrados.
La reacción de Washington ante esos testimonios fue la de exigir
a UBS la entrega de los datos de 52.000 de sus clientes en EEUU, un
abierto desafío al estricto principio del secreto bancario que
imperaba en ese momento en la plaza helvética.
Ese reclamo de EEUU coincidía justamente con los ataques
internacionales contra el secreto bancario, cuyo primer quiebre
mayor ocurrió cuando el Gobierno suizo tuvo que pactar con
Washington la entrega de las informaciones por parte de UBS, pese a
que la Justicia helvética lo consideró contrario a la legislación
nacional.
Por su complicidad en el fraude fiscal de sus clientes, UBS pagó
a EEUU una multa de 780 millones de dólares en una primera etapa y
acordó terminar con los negocios "off-shore" con clientes
estadounidenses, lo que finalmente no le satisfizo por completo.
La determinación de las autoridades del Servicio de Impuestos
Internos de EEUU era la de sancionar a los evasores y dejar así
claro que no permitirá más ese tipo de prácticas.
Del lado suizo, ese escándalo no podía caer en peor momento para
UBS y para Suiza en general. Para el primero porque la crisis
financiera le había puesto en una situación cercana a la suspensión
de pagos -de la que no hubiese escapado sin ayuda pública- y, para
la segunda, porque todo ello reforzaba su imagen de paraíso fiscal.
Sin embargo, el Gobierno suizo decidió jugarse el todo por el
todo en favor de UBS, que hasta antes de la crisis estaba en la
lista de los diez establecimientos bancarios más poderosos del
planeta y era el primer gestor de fortunas a nivel mundial.
Las autoridades helvéticas justificaron su apoyo al banco
señalando que se trataba de una disputa jurídica entre los dos
países y que, de su resolución, dependía en gran medida la
estabilidad de la influyente plaza financiera helvética.
No obstante, el interés superaba las fronteras de los dos países
directamente involucrados y toda la industria bancaria ha tenido
puestos los ojos en su desenlace por el precedente que sienta.
Haber dejado que UBS se las arreglase solo con la Justicia de
EEUU hubiese supuesto un dictamen judicial obligándole a entregar
probablemente mucha mayor información de la que finalmente tendrá
que desprenderse.
Para la banca internacional esto hubiese representado un terrible
precedente ya que habría quebrado la confidencialidad del sistema en
ese país.
El último episodio de esta trama se vivió hoy en el Parlamento
helvético, donde después de una serie de vaivenes que duraron varios
días entre las dos cámaras se aprobó definitivamente el acuerdo
fiscal, sobre el que pendía la "amenaza" de abrir la vía a un
referendo, como lo solicitaban los diputados.
Tras largas negociaciones, esa posibilidad quedo enterrada para
alivio de los medios económicos.
Un ejecutivo de un importante banco suizo lo explicaba así: "Un
gobierno desautorizado por el Parlamento, que a la vez es
desautorizado por el pueblo ¿Quién podría comprender algo así en el
extranjero?".
En Suiza, todo esto deja un sabor amargo en el ciudadano de a
pie, que ve como el Gobierno acude en auxilio de un banco que obró
de manera delictiva, a pesar de lo cual -salvo un alto ejecutivo
detenido en EEUU y que actúa como colaborador de la Justicia-
ninguno de sus directivos o responsables ha sido procesado. EFE