Gualeguaychú (Argentina), 20 abr (EFE).- Argentina y Uruguay se
preparan para reanudar el diálogo por el conflicto surgido por la
instalación de una papelera en la orilla uruguaya de un río
compartido, después de un fallo de la Corte de La Haya que les da
parte de razón a ambos y no afecta al funcionamiento de la planta.
Los dos Gobiernos expresaron su "satisfacción" por el fallo de la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pone fin a un proceso
iniciado en mayo de 2006 con la presentación de una demanda contra
Uruguay por parte de Argentina, pero el dictamen no ha dejado tan
contentos a ecologistas y a opositores al Gobierno argentino.
La Corte dio la razón a Argentina en su argumento de que Uruguay
había violado el estatuto para la administración compartida del río
de igual nombre que ese país (1975) al haber decidido
unilateralmente la instalación de la planta de la empresa finlandesa
Botnia en Fray Bentos, localidad ribereña uruguaya.
Sin embargo, rechazó que existan pruebas de daños
medioambientales provocados por la planta y no ordenó su traslado ni
estableció compensación para Argentina por el incumplimiento del
acuerdo bilateral por parte de Uruguay.
"Lo que acaba de suceder demuestra que estábamos en lo cierto",
afirmó la presidenta argentina, Cristina Fernández, tras una reunión
con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Caracas.
"Lo más importante es que a futuro nada se podrá hacer sin
consulta", agregó la mandataria, que subrayó que "este conflicto
desgraciado" se desató porque Uruguay se apartó del tratado
bilateral e insistió en que esta experiencia debe "servir de
enseñanza" para recordar que hay que "respetar los acuerdos".
Fernández apuntó su intención de reunirse con el presidente de
Uruguay, José Mujica, y confió en que será posible "construir
mecanismos de control" para resolver el conflicto y evitar
situaciones similares en el futuro.
También para el gobierno de Mujica el resultado ha sido "muy
positivo" y abre una nueva etapa.
"Aunque era previsible, nosotros entendemos que el fallo resulta
muy constructivo, muy positivo para Uruguay, y da un fundamento
sólido para empezar una nueva etapa en las relaciones con
Argentina", afirmó a Efe el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori.
El canciller de Uruguay, Luis Almagro, adelantó que llamará hoy
mismo a su homólogo argentino, Jorge Taiana, para fijar un encuentro
entre los presidentes de ambos países y apeló a un "trabajo
conjunto" para resolver la polémica.
En referencia a la recomendación realizada por la Corte de La
Haya de que Argentina participe en el control de la planta de
celulosa, especialmente en los temas del medio ambiente, Astori dijo
que eso es algo que Uruguay ofreció "desde el principio".
Para el vicepresidente, "Uruguay hizo lo que tenía que hacer y va
a seguir haciendo lo que tiene que hacer".
Sin embargo, la salida al problema depende, en buena medida, de
la decisión de la Asamblea Ambiental de la localidad argentina de
Gualeguaychú, situado también a orillas del río Uruguay, frente a
Fray Bentos.
Los integrantes de la Asamblea mantienen desde hace más de tres
años cortado el tránsito en el puente internacional San Martín, que
une ambas ciudades, en protesta por la planta de Botnia.
La Asamblea ha reaccionado dividida ante la sentencia de La Haya
y decidirá qué estrategia seguir en una encuentro convocado para el
próximo 2 de mayo.
El dictámen "fue una de cal y otra de arena", apuntó a Efe el
asambleísta José Pouler, quien remarcó que "por lo menos se
descubrió la mentira uruguaya de que habían cumplido todos los
pasos" para autorizar la instalación de la fábrica.
"Los jueces se lavaron las manos en el punto más importante, que
es el de la contaminación", dijo, por su parte, Miguel Sánchez, para
quien es necesario seguir con los bloqueos hasta que las autoridades
"entiendan" que la papelera causará un grave daño ambiental.
Tampoco la oposición argentina comparte la "satisfacción" del
gobierno de Cristina Fernández.
A juicio de la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición
Cívica, el Estado argentino presentó pruebas "absolutamente
endebles" y "la derrota de Argentina es enorme".
Para Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores,
el fallo "parece una burla", pues "por un lado reconoce que Uruguay
violó el tratado, pero luego no lo sancionan y para colmo avalan que
siga Botnia".
El conflicto comenzó en 2003, antes incluso de que Uruguay, tras
numeros intentos fallidos de negociación, autorizase unilateralmente
la instalación de la planta, que comenzó a operar a finales de 2007
y ha supuesto una inversión global de 1.800 millones de dólares. EFE
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