Buenos Aires, 23 nov (EFE).- Argentina tiene graves fallos para
combatir el lavado de dinero, la evasión impositiva, los fraudes
bancarios y la corrupción, según el informe de una comisión oficial
independiente que publica hoy el diario bonaerense La Nación.
"De 1989 a la actualidad, la política criminal en nuestro país ha
sido errática, con falta de coordinación, con organismos ineficaces,
con superposición de competencias, sin utilización de organismos y
bases estatales de buena calidad", apunta el informe.
También advierte que ha sido "poco efectiva" la política "en
relación con el control de los bienes obtenidos de los delitos de
contenido económico, tanto de aquellos provenientes del narcotráfico
como de los que se cometen en perjuicio de la administración
pública".
El informe fue hecho por una comisión independiente de jueces,
fiscales, médicos, sicólogos y sociólogos formada en abril de 2008
por iniciativa del por entonces ministro de Justicia, Aníbal
Fernández, actual jefe del gabinete del Gobierno de Cristina
Fernández.
La comisión aconsejó la "urgente" reestructuración de la Unidad
de Información Financiera, organismo de lucha contra el lavado de
dinero, donde "las denuncias llegan tarde, sin selección calificada
por los expertos" de otros organismos públicos.
Las denuncias sobre lavado de dinero terminan "en meras
estadísticas o simple información burocrática", dice el documento.
Añade que la Unidad de Información Financiera tarda entre un año
y medio y tres años en analizar presuntos maniobras con dinero
ilícito y que la Justicia no ha dictado ninguna condena por ese
delito desde que se promulgó una ley específica, en 2002.
"Si en la investigación preliminar se demora tanto tiempo, lo más
probable es que se pierdan los bienes, el dinero y todos los datos
que servirían para esclarecer la investigación", declaró a La Nación
el juez Roberto Falcone, uno de los miembros de la comisión.
"El ejercicio de la acción penal se vuelve prácticamente
imposible", remarcó el magistrado.
El informe advierte de que en muchas investigaciones no se usan
las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal
que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para
permitir cruces de datos válidos.
"Para combatir la corrupción en todas sus formas es necesario
discutir una ley sobre bienes a incautar y una coordinación
eficiente de los registros de bienes y bases que tiene el Estado",
apuntó al respecto la fiscal Mónica Cuñarro, otro de los miembros de
la comisión.
Los organismos de control carecen además de información necesaria
sobre los crímenes que dan inicio a las maniobras de lavado y de un
criterio para registrar los bienes investigados, entre otros puntos
del documento entregado a la Jefatura de Gabinete argentino. EFE