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Sevilla, 19 sep (.).- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy sancionar con 1,12 millones de euros a la entidad Cajasur Banco, SAU, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimiento de la información de prestación de servicio.
El procedimiento se inició en noviembre del 2016, tras la recepción de 109 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo contra la inclusión de 'cláusulas suelo' en las escrituras.
La sanción incluye 630.000 euros por dos infracciones calificadas como muy graves y una grave contra la legislación vigente de defensa de los consumidores, al tiempo que se acuerda el decomiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 498.000 euros.
Con éste, ya son cinco los expedientes sancionadores a entidades bancarias resueltos por el Consejo de Gobierno en lo que va de año, con más de 7,8 millones de euros por las infracciones y el decomiso de las cantidades indebidamente cobradas.
De acuerdo con la normativa vigente, son cláusulas abusivas aquellas que causan un desequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, por ejemplo, reservando a éste facultades para interpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato; imponiendo garantías desproporcionadas al riesgo asumido, o estableciendo la renuncia del prestatario al derecho a la notificación, en caso de cesión del préstamo.
Esta práctica ha sido calificada como muy grave y sancionada con 275.000 euros, mientras que de 325.000 euros es la multa por el incumplimiento, igualmente calificado como muy grave, del deber de información de prestación de servicio y, concretamente, sobre las 'cláusulas suelo'.
Estas se introducen en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable (generalmente con el euríbor como índice de referencia) y prevén que, aunque el tipo se sitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, el consumidor seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a la bajada del euríbor.
La tercera de las infracciones por no cumplir las medidas y requerimientos realizados por la Administración a la entidad en relación con estas prácticas, ha sido calificada como grave y sancionada con 30.000 euros.
Para la fijación de estas cantidades, se han tenido en cuenta como agravantes la posición relevante del infractor en el mercado, el hecho de que la entidad haya sido sancionada con anterioridad por incumplimientos de la normativa y el perjuicio causado a los consumidores, valorado en la misma cantidad del decomiso por beneficio ilícito.
Además de la legislación que se aplica en esta sanción, la Comunidad Autónoma (CCAA) cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que fue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias.
La Dirección General de Consumo ha recibido, en lo que va de año, 12.650 reclamaciones y ha atendido 31.820 consultas a través del servicio multicanal Consumo Responde.