Caracas, 15 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (AN) venezolana
aprobó hoy en segunda y última lectura una reforma a la Ley de
Tierras que introduce la prohibición de la tercerización en las
predios agrícolas y faculta al Gobierno a asumir directamente las
actividades de producción y distribución de alimentos.
La reforma fue aprobada por la bancada oficialista, que copa casi
todos los 167 escaños del Parlamento unicameral, y con los votos
salvados de la docena de diputados de oposición pertenecientes al
Bloque Humanista y el partido Podemos, ex aliado del Gobierno.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la AN, el
diputado "chavista" Mario Isea, precisó que la reforma elimina la
tercerización o "toda forma de aprovechamiento de la tierra con
vocación agrícola mediante el otorgamiento a un tercero del derecho
de usufructo sobre ésta o el mandato de trabajarla".
Esa tercerización ha sido calificada por Isea como una forma de
"explotación feudal", en la que "un dueño de tierra se apropia de la
fuerza de trabajo de los campesinos, nunca les da prestaciones
sociales y jamás tienen la propiedad".
En la reforma se establece que los campesinos que demuestren ante
el Instituto Nacional de Tierras (INTI) que tienen tres años o más
en ese situación de tercerizados tienen derecho a reclamar la
adjudicación del terreno.
También se incorpora al texto legal que el Ejecutivo "podrá
asumir directamente las actividades de producción primaria,
industrialización, distribución, intercambio y comercialización,
relacionadas, con el fin de fortalecer el aparato productivo
nacional".
La bancada opositora sostuvo que la reforma constituiría otro
atentado contra la propiedad privada y un paso más para convertir al
Estado en el propietario de todo en el país, tal como expresó
durante las discusiones parlamentarias la diputada de Podemos,
Pastora Medina.
Medina señaló que la reforma legal "convierte el Estado en
propietario de la tierra" con el "problema" de que donde el control
de la producción es estatal "no se produce nada".
Con la aprobación de la reforma en el Legislativo, ésta debe ser
refrendada por el Ejecutivo y publicada en gaceta oficial para su
entrada en vigor. EFE