Washington, 8 jun (EFE).- Los países de América Latina deberían
universalizar su sistema de pensiones para que los trabajadores del
sistema informal puedan contribuir y asegurar así un ingreso durante
su vejez, sugiere un nuevo informe del Banco Mundial (BM).
"Desafortunadamente el sistema de pensiones contributivas sólo es
posible para personas que están en el sector formal", dijo a Efe
Helena Ribe, coautora del informe "Hacia una protección social
eficaz para todos en América Latina y el Caribe" divulgado hoy.
Ribe subrayó que como el sector informal es "tan alto", en
América Latina hay muchas personas que "no tienen esa oportunidad"
de contribuir a través del sistema.
Lo que el informe indica es que sería "ideal" que los países en
Latinoamérica abrieran la posibilidad de contribuir a través del
sistema a aquellos que no forman parte de la economía formal y a los
trabajadores "independientes" o autónomos.
Ribe reconoce que no se trata de algo fácil y que las reformas
implicarían un compromiso político y la capacidad institucional para
llevarlo a cabo.
Aun así, insiste en que un sistema de ese tipo, que garantizara
también una pensión mínima a las personas más pobres, ayudaría a
mejorar la situación social en la que sigue siendo la región más
desigual del mundo.
Mencionó que uno de los motivos que con frecuencia se menciona
para no poner en marcha un sistema de ese tipo es que resulta
difícil definir el nivel de ingreso del trabajador informal o
independiente.
"Esa es la razón que se da muchas veces para no tener un sistema
de este tipo (...) pero se puede definir un nivel de ingreso
promedio que se puede considerar el conveniente", afirmó la autora.
Añadió que se trata de "un principio de solidaridad" que implica
un compromiso fiscal y que llevará tiempo pero que permitiría a
todos tener "una vejez digna".
El informe hace hincapié también en las ventajas de programas de
asistencia social como Bolsa Familia en Brasil y Oportunidades en
México, que han logrado con un desembolso público relativamente
bajo, reducir la pobreza y la desigualdad.
Esos programas vinculan la ayuda al cumplimiento de ciertos
objetivos como la asistencia escolar y la vacunación de los niños de
las familias que participan en los programas.
"El costo es del 0,5 o del 0,6 del Producto Interior Bruto a
pesar de que cubren una cantidad de población muy grande", afirma la
coautora del informe sobre los programas de transferencias
condicionadas.
En su opinión, se trata simplemente de una cuestión de establecer
"prioridades" en el gasto público, "si se le da prioridad a los
subsidios de energía o transporte u otras cosas o se dedican a
programas de esta naturaleza". EFE