La Paz, 29 abr (EFE).- Grupos de campesinos bolivianos cumplen
hoy el cuarto día de un bloqueo en la carretera entre La Paz y la
Amazonía, mientras que los habitantes de un municipio fronterizo con
Brasil cortaron el paso a ese país, informaron fuentes oficiales.
En el primer caso, los pobladores del municipio de Caranavi, en
la zona de los Yungas de La Paz, mantienen cortada la carretera que
va hacia el norte del departamento para exigir al Gobierno de Evo
Morales que cumpla con la promesa de construir en el lugar una
planta procesadora de cítricos.
Medios locales reportaron hoy que miles de bloqueadores en ocho
puntos a lo largo de la vía impiden el paso a más de 600 vehículos,
entre camiones, autobuses y vehículos pequeños.
El sector demanda también el inicio de obras para la construcción
de una nueva carretera hacia el noreste, la ejecución de proyectos
de electrificación, agua potable y educación superior.
Según la red UNO, los campesinos decidieron en un cabildo exigir
la renuncia del senador oficialista Fidel Surco, a quien acusan de
promover el traslado de la planta de cítricos a otra zona, y
amenazaron con retener a los periodistas que viajaron al sector
hasta que se presente allí una comisión gubernamental para negociar.
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, lamentó hoy en
una rueda de prensa los perjuicios que está causando el bloqueo en
los Yungas, aunque aseguró que se trata de un conflicto interno que
deben resolver cinco sindicatos de campesinos para decidir dónde se
instalará la planta.
"La posición del Gobierno es que se pongan de acuerdo (...) y la
decisión que tomen las federaciones de forma unánime y consensuada,
el Gobierno la va a cumplir", dijo.
El otro conflicto surgió en la localidad de Puerto Suárez,
situada en el departamento oriental de Santa Cruz, en la frontera
con Brasil, cuyos pobladores cumplen hoy un paro cívico y cerraron
la vía férrea y la carretera hacia el país vecino por la
controversia entre el Estado y la minera india Jindal.
Cerca de Puerto Suárez se encuentra el yacimiento minero de Mutún
a cargo de Jindal, firma a la que el Gobierno boliviano determinó
sancionar hace pocos días con el cobro de 18 millones de dólares por
el retraso en las inversiones que prometió hacer en esa mina.
El dirigente cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander,
explicó hoy a Efe que la primera demanda del sector es la renuncia
del presidente de la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Sergio
Alandia, a quien culpan de la controversia con Jindal.
Puerto Suárez también exige que el presidente Evo Morales viaje a
esa región para "demostrarle" que es el Estado, y no la empresa
india, quien ha incumplido con los compromisos para desarrollar el
proyecto de explotación del hierro del Mutún.
El Ministerio de Minería ha acusado a Jindal de haber invertido
apenas 12 millones de los 600 millones de dólares comprometidos en
2007 para iniciar la explotación de hierro en el yacimiento.
Sin embargo, la empresa ha argumentado que el Ejecutivo también
tardó en entregar las tierras necesarias para sus operaciones en
Puerto Suárez. EFE