La Paz, 14 ene (EFE).- La empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) prevé invertir 140,5
millones de dólares este año en proyectos para el transporte de gas
y combustibles líquidos, informó hoy una fuente empresarial.
YPFB Transporte, subsidiaria de la estatal YPFB, dijo en un
comunicado que esa cifra será invertida en proyectos "fundamentales"
para garantizar la provisión interna de hidrocarburos y cumplir los
compromisos del país con los mercados externos.
El presidente de YPFB Transporte, Cyro Camacho, destacó que la
gestión 2009 fue positiva para la empresa, que invirtió 90 millones
de dólares en proyectos para el desarrollo de mercados.
Entre los planes ejecutados están los avances en la construcción
de un gasoducto de 250 kilómetros entre la ciudad de Cochabamba
(centro) y la localidad de Carrasco, situada en el trópico de esa
región, que permitirá incrementar los envíos de gas al occidente del
país hasta en 120 millones de pies cúbicos diarios.
Esta obra, que demandará una inversión total de 172 millones de
dólares, será entregada en 2011.
Otro proyecto que desarrolla YPFB Transporte es la ampliación del
Gasoducto al Altiplano, a través del cual se abastece a las regiones
de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Actualmente se desarrolla la tercera fase de este proyecto, a
cuya conclusión se espera incrementar los envíos de gas al occidente
de 33,4 millones de pies cúbicos de gas por día a 49,1 millones.
Antes de la nacionalización del sector de hidrocarburos que
comenzó en 2006, YPFB Transporte se llamaba Transredes y era filial
de la angloholandesa Shell y de la británica Ashmore.
El 1 de mayo de 2008, el Ejecutivo boliviano emitió un decreto
para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que estas petroleras
tenían en Transredes a través del consorcio TR Holding.
Como no se llegó a un acuerdo, en junio el Ejecutivo emitió un
segundo decreto para expropiar la transportadora de hidrocarburos y
las petroleras respondieron con un arbitraje.
Finalmente, el Estado y las empresas llegaron a un acuerdo por el
que el Gobierno indemnizó a cada compañía con 120 millones de
dólares y, además, asumió las deudas que tenían las petroleras, lo
cual fue criticado por políticos opositores y ex autoridades. EFE