Lima, 9 abr (EFE).- La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas
Sur (Egasur), de capital brasileño, solicitará dentro de dos semanas
una prórroga de un año en la concesión temporal para los estudios
técnicos del megaproyecto de generación hidroeléctrica Inambari, que
vence en junio próximo, informaron hoy sus directivos en Lima.
Egasur, un consorcio integrado por OAS, Electrobrás y Furnas,
tiene la concesión temporal para desarrollar estudios sobre ese
proyecto, que demandará una inversión de 4.000 millones de dólares y
generará unos 2.200 megavatios de electricidad, de los que una parte
se venderá a Brasil.
La hidroeléctrica Inambari, que será la quinta más grande de
Latinoamérica, ha causado polémica por las características de su
construcción, la cantidad de energía que generará y su proximidad al
frágil ecosistema del Parque Nacional Bahuaja Sonene, así como por
la cantidad de energía que se exportará a Brasil en un supuesto
detrimento del mercado local.
El presidente de Egasur, Evandro Miguel, explicó en una rueda de
prensa en Lima que "Brasil quiere una cuota fija por 30 años, la
cuota que sea", y subrayó que será el Gobierno peruano quien la
defina.
Sin embargo, Miguel acotó que "es posible que se consuma el 50%
energía en Perú en 2015", por lo que el excedente iría hacia Brasil.
Por otro lado, los directivos del consorcio brasileño señalaron
que el objetivo de solicitar el aplazamiento de la concesión
temporal, que vence el 23 de junio próximo, es reforzar el diálogo
social con las poblaciones que serán afectadas por el proyecto y
evitar eventuales conflictos sociales.
A su turno, el jefe de comunicaciones de Egasur, Álvaro
Barnechea, sostuvo que el pedido no tiene el propósito de dilatar
los plazos para la entrega de los estudios de factibilidad ni de
impacto ambiental, tras subrayar que la empresa no necesita una
licencia social (respaldo de las partes afectadas) para tener la
concesión definitiva del proyecto.
El proyecto, que comprende la construcción en cuatro años de una
gran represa y la instalación y operación de una central
hidroeléctrica de alta tecnología en el río Inambari, implica la
reubicación de 8.000 personas, que serán indemnizadas.
También supone la construcción de zonas para proteger el Parque
Nacional Bahuaja Sonene y la eventual modificación de tramos de la
carretera Interoceánica.
Los representantes de Egasur admitieron que existen "ciertos
problemas" por demandas sociales en el diálogo con los
representantes de la región de Puno, que junto con las de Madre de
Dios y Cuzco, será afectada por este megaproyecto, suscrito el año
pasado en el marco del Convenio de Integración Energética entre Perú
y Brasil.
Sobre el monto total de las indemnizaciones, el presidente de
Egasur indicó que se acercan a los 200 millones de dólares. EFE