Bruselas, 8 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha pedido hoy
formalmente a España que cumpla una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE de 2008, en la que confirmaba que no otorgaba un
tiempo obligatorio de espera entre la concesión de un contrato
público y su conclusión.
El Ejecutivo comunitario señala en un comunicado que España no ha
tomado las medidas necesarias para "cumplir totalmente" con la
sentencia de la Corte europea.
En abril de 2008, el Tribunal de la UE le dio la razón a la
Comisión Europea en cuanto a que España no había logrado imponer un
periodo obligatorio para que la autoridad que oferta un contrato
pueda notificar la decisión de su adjudicación a todos los
candidatos no elegidos.
De esa manera, España no proporcionaba un periodo obligado de
espera entre la concesión del contrato y su conclusión, incumpliendo
así la normativa comunitaria.
La Comisión recuerda que, según las autoridades españolas, su
nuevo sistema de recursos en el ámbito de la contratación pública,
vigente desde el 1 de mayo de 2008 por la Ley de contratos en el
sector público de 2007, "cumple totalmente" con los requisitos de la
directiva europea.
En cambio, Bruselas discrepa y considera que ese nuevo sistema de
remedios no garantiza realmente la existencia de un periodo de
espera entre la concesión y la conclusión del contrato.
En opinión de la CE, ese tiempo podría proporcionar a los
candidatos los "elementos necesarios" para poner en marcha de manera
eficaz procedimientos de revisión ante un organismo independiente,
"en un momento en que cualquier infracción aún puede ser remediada".
En total, la Comisión calcula que la contratación pública en la
UE (compras de bienes, servicios y obras públicas) representa un 16
por ciento de su producto interior bruto.
Para Bruselas, unas convocatorias públicas de concursos "abiertas
y transparentes", requeridas por la ley europea sobre contratación
pública, significan "más competencia, salvaguardas más fuertes
contra la corrupción y un mejor servicio y utilización del dinero de
los contribuyentes".
Bajo el Tratado de la UE, la Comisión tiene el poder para
emprender una acción legal o procedimientos de infracción contra un
estado miembro que no respete sus obligaciones. EFE