Quito, 23 sep (EFE).- La petrolera estadounidense Chevron-Texaco
anunció hoy que ha demandado al Gobierno de Ecuador ante la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya por supuestas violaciones al
Tratado Bilateral de Inversiones entre ambos países.
Chevron, en un comunicado remitido a Efe, señaló que "ha
presentado una demanda de arbitraje internacional contra el Gobierno
de Ecuador, citando violaciones a las obligaciones del país, bajo el
Tratado Bilateral de Inversiones" y el derecho internacional.
Según la petrolera, el Gobierno de Quito se ha aprovechado del
juicio que habitantes de la Amazonía ecuatoriana mantienen contra
Chevron por supuestos daños ambientales y que exigen una
indemnización de 27.000 millones de dólares.
Además, sostiene que el Ejecutivo ecuatoriano no ha cumplido con
sus obligaciones contraídas hace una década, cuando admitió que en
el futuro no ejercería reclamo alguno contra la compañía, al dar por
aceptado un acuerdo de reparación ambiental presentado por la
petrolera estadounidense.
"El arbitraje (solicitado por Chevron) se ha iniciado ante la
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en el marco del Reglamento
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional", sostiene el escrito de la compañía.
El reclamo se refiere a la demanda por daño ambiental que afronta
Chevron en la Corte de la provincia amazónica de Sucumbíos, donde la
petrolera Texaco, comprada por Chevron en 2000, operó entre 1972 y
1992, "como socio minoritario de un consorcio que exploraba y
producía petróleo en virtud de contratos con Ecuador" y su empresa
estatal, Petroecuador.
A través de la demanda en La Haya, "Chevron persigue la
aplicación efectiva del documento de finiquito y de los acuerdos de
liberación que el Gobierno del Ecuador firmó con Texaco Petroleum,
cuando se concluyó el consorcio", apunta el comunicado.
El Gobierno de Quito "está usando" el proceso legal en Sucumbíos
"para eludir las obligaciones ambientales de la empresa estatal de
petróleo", señala en el texto Hewitt Pate, vicepresidente y director
legal de Chevron.
Además, afirma que "ya que el sistema judicial de Ecuador es
incapaz de funcionar independientemente de la influencia política,
Chevron no tiene más opción que ampararse en el tratado entre
Estados Unidos y Ecuador" para presentar la demanda contra el
Gobierno del país andino.
Recuerda que tras finalizar su operación, en 1992, Texaco negoció
un acuerdo de finiquito con Ecuador y Petroecuador, mediante el cual
la petrolera asumía la responsabilidad de determinados proyectos de
remediación ambiental, en proporción a su participación minoritaria.
"En 1998, después de que las tareas de saneamiento necesarias,
fueron realizadas y validadas de forma independiente; Ecuador y
Petroecuador liberaron a Texaco Petroleum y sus afiliados de
cualquier compromiso legal futuro", agrega el escrito.
Por eso, según Chevron, "Ecuador asumió la responsabilidad de
cualquier impacto remanente generado por las actividades del
consorcio antes de 1992, así como de cualquier efecto futuro en el
área del antiguo consorcio, producido por las operaciones propias de
Petroecuador".
Según la petrolera, "la actual demanda en el Ecuador pretende
obligar a Chevron a pagar por las fallas de Petroecuador", y acusa
al Gobierno de Ecuador de violar sus contratos y el tratado
bilateral, "en colusión (pacto ilícito en daño de terceros) con los
abogados litigantes que demandan a Chevron".
Esta acción de la petrolera se da pocas semanas después de que
presentara un vídeo, obtenido de forma subrepticia, en el que
involucra al juez ecuatoriano Juan Núñez, quien sigue el caso por
daño ambiental en Sucumbíos, de estar envuelto en una supuesta trama
de soborno, en perjuicio de Chevron.
Además, la petrolera estadounidense ha acusado al Gobierno de
Quito de injerencia en el juicio y de apoyar, abiertamente, a los
miles de colonos e indígenas de la Amazonía, que acusan a Chevron
por el daño ecológico y social causado en esa región.
Chevron afirma en su comunicado que la notificación de la demanda
de arbitraje en La Haya "ha sido entregada a la Procuraduría General
de Ecuador, así como al presidente ecuatoriano", Rafael Correa.
Recuerda que "al nombrarse los árbitros que escucharán el caso,
el tribunal establecerá un calendario de reuniones de información y
argumentos sobre los méritos del caso". EFE