Buenos Aires, 11 ene (EFE).- El conflicto del Gobierno argentino
con el Banco Central por el uso de reservas monetarias para pagar
deudas seguía hoy envuelto en una maraña jurídica de final abierto
con renovados choques entre las partes.
La jueza que suspendió el decreto presidencial que dispone el uso
de reservas para formar un millonario fondo destinado a pagar deudas
y restituyó en el cargo al presidente del Banco Central, Martín
Redrado, resolvió hoy que la causa entre en un proceso común y deje
de ser, como hasta ahora, un trámite urgente de acción de amparo.
La decisión de la jueza María José Sarmiento hace prever que el
Gobierno volverá a insistir ante un tribunal de apelaciones con su
decisión de usar divisas del Banco Central y cesar a Redrado, el
motivo del conflicto que estalló la semana pasada.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, defendió hoy su
política al subrayar que el país necesita salir del cese de pagos de
2001, en referencia a que falta llegar a un acuerdo con los
acreedores que rechazaron la refinanciación de 2005.
Legisladores de la oposición habían solicitado la acción de
amparo a Sarmiento, una jueza de turno en período de receso
judicial, quien el viernes pasado dio lugar al pedido de los
parlamentarios al entender que el Congreso es el que tiene potestad
para decidir sobre el uso de las reservas.
Sarmiento también anuló el viernes la destitución de Redrado, al
considerar que el jefe del Banco Central sólo puede ser destituido
por el Parlamento.
Los dictámenes de la jueza fueron apelados el sábado por el
Gobierno ante un tribunal de alzada que remitió hoy el asunto a la
propia Sarmiento para su análisis.
Según el Centro de Información Judicial, Sarmiento pasó el caso a
un proceso judicial ordinario, con lo cual se extienden los plazos
para resolver sobre el asunto y se permite a las fuerzas de
oposición Coalición Cívica y Propuesta Republicana contestar la
apelación del Gobierno.
En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide habilitó el inicio de
la instrucción en plena feria judicial de una denuncia presentada
por la Fiscalía de Estado contra Redrado por presunta "mala conducta
e incumplimiento de los deberes de funcionario público", como le
acusó la mandataria para cesarlo por decreto el jueves pasado.
Otro capítulo judicial, del que hoy no hubo novedades, es la
denuncia penal radicada por el diputado y cineasta Fernando "Pino"
Solanas contra Fernández y el ministro de Economía, Amado Boudou,
por considerar "inadmisible" que el Gobierno pretenda "meter la
mano" en el Banco Central.
"Argentina necesita imperiosamente salir del default (cese de
pagos de 2001) para que las empresas puedan conseguir financiación
más barata en todas partes del mundo", remarcó hoy la presidenta
durante un acto en Buenos Aires.
Fernández defendió la creación por decreto del denominado "Fondo
del Bicentenario", que habilita el uso de 6.569 millones de dólares
de las reservas monetarias del Banco Central (unos 48.10 millones de
dólares) para el pago de deudas soberanas este año.
En este sentido, consideró "clave" la instrumentación del fondo
para volver "al mercado de capitales" y opinó que, por medio del uso
de reservas en divisas, Argentina accederá a tasas "mucho mejores"
en comparación a otros mecanismos de financiación.
En la vereda opuesta, Redrado ratificó su posición y evitó
comentar informaciones que aseguran que fondos de inversión
especulativa acreedores del país podrían embargar cuentas del
instituto emisor si se cumplieran los deseos de la mandataria.
El conflicto estalló en momentos en que Argentina se prepara para
ofrecer una refinanciación de bonos en mora por 20.000 millones de
dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de
2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la
historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).
El vicepresidente argentino, Julio Cobos, enemistado con el
Gobierno desde 2008, prevé reunirse hoy con los jefes de los grupos
parlamentarios del Senado para analizar si el Parlamento en receso
puede convocarse en sesión para analizar la validez de los decretos
gubernamentales, una posibilidad que rechaza el oficialismo.
Asimismo, la comisión parlamentaria que controla los decretos
presidenciales, integrada por ocho oficialistas y otros tantos
opositores, se reunirá el próximo miércoles para analizar el
dictamen que habilitó el uso de reservas y el que cesó en su cargo a
Redrado. EFE