Bruselas, 10 feb (EFE).- La Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados de España (ANFACO) ha expresado hoy a la
Comisión Europea (CE) su preocupación por el impacto de los acuerdos
de la UE y los países del Pacífico, que han facilitado el acceso de
los productos pesqueros de esa zona al mercado comunitario.
Los responsables de ANFACO se han reunido hoy con varias
direcciones generales de la CE (Pesca, Desarrollo, Innovación y
Comercio) para exponerles sus preocupaciones respecto a los
diferentes convenios comerciales de la UE con terceros países.
El secretario general de ANFACO ha declarado a Efe que los pactos
que más inquietan a estas industrias son los que se suscribieron con
los estados del Pacífico (como Papúa, Nueva Guinea y Fiji) porque
flexibilizan las normas de origen.
En sucesivas ocasiones, el sector español ha manifestado su temor
porque esas ventajas propicien nuevas inversiones de los principales
competidores de la industria europea, es decir de Tailandia,
Filipinas, Taiwán y China.
Según Vieites, esos "beneficios" hacen peligrar el mantenimiento
de las conserveras gallegas y españolas, que representan el 65% de
las industrias de este segmento de la UE; asimismo ponen riesgo el
mantenimiento del empleo de "unas 12.000 personas".
ANFACO ha rechazado los argumentos sobre la conveniencia de
invertir en esos países (Pacífico): "no nos interesa, queremos
quedarnos en España".
Ha remarcado que las industrias europeas no puede competir con
naciones que pagan "por 20 empleados" lo que en España es un sueldo.
Por otro lado, ANFACO ha analizado con la CE la situación de las
negociaciones entre la UE y los países de Centroamérica; en algunos
de ellos las conserveras españolas tienen inversiones.
Las industrias conserveras han presentado documentos y han pedido
también información sobre el estado de otros pactos con terceros
países, como por ejemplo Marruecos, que hace tiempo solicitó una
flexibilización de las normas de origen.
En general, Anfaco ha rechazado la manera de tomar las decisiones
en Bruselas, que se hacen, en su opinión, "sin tener en cuenta,
previa consulta, al sector y a los estudios serios y rigurosos que
demuestran los impactos que tienen en las empresas europeas". EFE