Natalia Kidd
Buenos Aires, 14 feb (EFE).- El debate sobre la real evolución de
los precios en Argentina se ha reavivado, con renovadas sospechas
sobre la fiabilidad de los datos oficiales de inflación y un impacto
seguro en las negociaciones salariales que se avecinan.
La polémica se suscitó hace unos días, cuando ligas de
consumidores alertaron sobre fuertes alzas de precios en alimentos,
particularmente en la carne de res, producto "estrella" de la mesa
de los argentinos.
Pero el debate se reinstaló definitivamente el viernes último,
cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó
que la inflación en enero pasado fue del uno por ciento, menos de la
mitad de lo proyectado por consultoras privadas.
Este es un tema sensible entre los argentinos, quienes aún tienen
presente la "hiperinflación" de 1989, cuando el coste de vida creció
el 5.000 por ciento, y el alza del 41 por ciento en 2002, tras el
estallido de una de las peores crisis económicas del país.
Para ahuyentar los "fantasmas", el ministro de Economía
argentino, Amado Boudou, intentó calmar las aguas al asegurar que en
el país no hay "un proceso inflacionario" sino un "reacomodamiento
de los precios relativos".
Este sábado el jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández,
dio su propia explicación del fenómeno: las alzas de precios no se
deben a "las complicaciones históricas que ha sufrido Argentina",
sino a "un mejoramiento en la distribución" del ingreso.
Según Fernández, a partir de medidas de inclusión social, como la
asignación por hijo que el Gobierno comenzó a otorgar en los últimos
meses a padres desempleados, muchas familias comenzaron a "percibir
un nivel de ingresos que antes no tenían" y que "es dinero que va al
consumo".
"Todo ese consumo hace inexorablemente que exista una demanda que
a veces no se puede satisfacer, y cuando no se satisface esa demanda
forzosamente tienden a subir los precios", argumentó.
Según las estadísticas oficiales, Argentina tuvo en 2009 una
inflación del 7,7 por ciento, mientras que para las consultoras
privadas la evolución real fue de entre el 15 y 17,3 por ciento.
La fiabilidad de las cifras oficiales está bajo sospecha desde
que en enero de 2007 el Gobierno introdujo cambios metodológicos en
la medición de los precios.
Economistas y los propios empleados del Indec, que cada mes
realizan un abrazo simbólico a la sede del instituto en señal de
protesta por la intervención gubernamental a una institución que
otrora gozaba de gran prestigio, han advertido en los últimos años
sobre las consecuencias de haber roto el "termómetro" oficial sobre
los precios.
"La intervención del Indec ha sido costosa: la falta de un
indicador objetivo de la evolución de los precios deja sin
referencia a los actores económicos y termina desatando mayores
expectativas de inflación", advirtió la consultora Ecolatina en un
informe que difundió hoy.
El lado más evidente es, quizá, el de la negociación salarial,
que tradicionalmente se guió por las cifras oficiales de inflación
para ajustar sueldos, pero que desde 2007 sigue un rumbo algo
azaroso.
Luego de que en 2009 se concedieran aumentos promedio del 16,7
por ciento, los sindicatos se aprestan a reclamar alzas salariales
de entre el 20 y el 25 por ciento en las negociaciones paritarias
que iniciarán en marzo próximo.
Para Hugo Moyano, el titular de la Confederación General del
Trabajo, la mayor central obrera del país y aliada al Gobierno de
Cristina Fernández, la evolución de los precios "no es para
alarmarse".
Sin embargo, en declaraciones publicadas hoy por el diario
porteño Página/12, reconoció que los sindicatos no negociarán
salarios a partir de las cifras oficiales de inflación sino a partir
de la evolución de los precios en los supermercados.
"Tomamos los precios que se dan en los supermercados porque en
muchos casos hasta el 90 por ciento del salario se utiliza en
comida. Quizá la inflación general es más baja que la inflación que
se da en los precios de los alimentos. Pero lo que el trabajador
consume masivamente son alimentos", afirmó.
De acuerdo con una encuesta realizada por el portal
Trabajando.com entre 3.000 empresas de todo el país, el 79 por
ciento de los empleadores argentinos espera otorgar un aumento de
sueldo este año; seis de cada diez empresas planea conceder alzas de
hasta un 20 por ciento.
Ecolatina advirtió que "el fuerte incremento de los precios de
los alimentos en los meses previos a las paritarias puede avivar los
reclamos de incrementos por parte de los trabajadores".
"El problema es que si se convalidan subas nominales elevadas,
aumentan las presiones inflacionarias. Pero si la suba de precios
supera el incremento de los sueldos, entonces cae el poder
adquisitivo de los asalariados y por ende el consumo", señaló la
consultora. EFE